En México 4 millones de personas trabajan bajo el esquema de contratación externa, mejor conocido como outsourcing, de acuerdo con cifras de la firma de consultoría y auditoría KPMG.

Pablo Noreña, socio de la práctica de seguridad social y remuneraciones de la empresa, dijo en entrevista que, de acuerdo con un estudio del Inegi, en 2004 había 2.5 millones de mexicanos trabajando bajo la modalidad de subcontratación, mientras, según estimaciones de la firma, para 2009 el número casi se duplicó.

La consultora calculó la cantidad de personas que laboran bajo ese esquema utilizando tanto cifras oficiales como encuestas entre empresas de tamaño importante que contratan servicios a través de terceros o intermediarios laborales, y con base en datos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), aunque indicó que oficialmente no existe una cifra exacta.

Agregó que, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, que aglutina a firmas como Manpower, Adecco y Human Kind, 17 compañías contratan alrededor de 100 mil personas al mes bajo ese esquema.

El problema es que muchas empresas empiezan a utilizar este esquema de tercerización de personal para, de alguna manera, controlar los costos laborales o fiscales, pero no con un adecuado cumplimiento, señaló.

Consideró positivas las reformas a la ley del Seguro Social aprobadas el pasado abril, cuya finalidad es controlar las prácticas indebidas que se realizan dentro de la tercerización.

No obstante, consideró que las nuevas disposiciones generan una carga administrativa importante a las empresas que contratan el servicio a un tercero, quienes deberán absorber las obligaciones que la ley del IMSS impone al patrón, siempre y cuando este último sea requerido por incumplimiento de sus obligaciones y no atienda.

“Sí creemos que es benéfica, creemos que va a venir a ordenar otra vez lo que se estaba ya desnaturalizando, desvirtuando. Vamos a tener que regresar al origen de lo que era el outsourcing; sin embargo, sí le traspasó un poco o un mucho la obligación de fiscalización al beneficiario de los servicios”.

El beneficiario, explicó Noreña, antes se dedicaba únicamente desde un punto de vista comercial a vigilar a su proveedor de servicios, mientras ahora lo tiene que vigilar también desde el punto de vista del patrón para ver si cumple con sus obligaciones fiscales.

Creemos que en el fondo sí va a significar un beneficio que va a hacer que cada vez más mexicanos tengan seguridad social como marca la ley; lo que sí puede hacer es que en ese reordenamiento va a haber unos que pierdan y otros que ganen, estimó.