a 61 Legislatura de la Cámara de Diputados, que quedó formalmente instalada el pasado 29 de agosto, inicia sesiones hoy en un contexto marcado por las afectaciones que la actual crisis económica ha causado en las finanzas públicas y los bolsillos de la población, y por las advertencias –reconocidas desde distintos sectores de la sociedad y la clase política, pero también desde el propio gobierno– de que ello se traduzca en manifestaciones de descontento social y en escenarios de ingobernabilidad.
Los descalabros financieros planetarios que surgieron en el sector inmobiliario estadunidense no sólo han dejado en claro la inviabilidad del modelo económico vigente en el país y han hecho patentes los riesgos que conlleva la enorme dependencia de México con respecto a los ciclos de la economía del vecino del norte: también han puesto de manifiesto, en reiteradas ocasiones, la falta de capacidad o de voluntad política del Ejecutivo federal para hacer frente, con un mínimo de sensibilidad social, a la presente crisis. La más reciente de estas demostraciones ocurrió hace unas semanas, cuando el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, anunció que el gobierno federal buscará aumentar los gravámenes el año entrante, a efecto de compensar las pérdidas derivadas de la caída en la recaudación tributaria y en los precios internacionales del petróleo.
Ante esta indolencia oficial –que lejos de contener los efectos de la crisis, tiende a agravarlos–, es claro que a la nueva legislatura le corresponderá la tarea de inducir, en los meses próximos, los cambios necesarios a la política económica para sortear la presente coyuntura y distribuir sus costos de manera equitativa, y, posteriormente, para lograr una recuperación efectiva que no sólo se vea reflejada en los indicadores macroeconómicos –como dicta la ortodoxia neoliberal–, sino, principalmente, en mejoras en el nivel de vida de los sectores mayoritarios de la población.
Es deseable y necesario, en primer lugar, que el cuerpo legislativo que hoy inicia sesiones discuta a fondo y emprenda cuanto antes un proceso de reforma fiscal, a fin de dotar al Estado de los recursos necesarios para cubrir sus responsabilidades en rubros como la salud, la educación, el empleo y el gasto social, así como para emprender las medidas correspondientes para rescatar a los sectores más dañados por la crisis, entre los que se cuentan desempleados, pequeños empresarios, trabajadores del sector informal, estudiantes y deudores. Lo anterior no podrá lograrse en la medida en que se dé continuidad a la política fiscal vigente –que consiste en cargar la mano a los contribuyentes cautivos y los sectores productivos– y, por otro lado, eximir del pago de impuestos a los potentados, las grandes empresas y los capitales extranjeros. Los nuevos diputados, en su calidad de representantes populares, deberán recoger, dentro de las instancias legislativas, las añejas demandas de que la carga tributaria sea distribuida de manera justa y equitativa y de que, en ese espíritu, se haga pagar más a los que más tienen, como ocurre en los países más avanzados.
Adicionalmente, en días próximos los nuevos ocupantes de las curules de San Lázaro tendrán la responsabilidad de aprobar un presupuesto de egresos que responda a las necesidades inmediatas del país. Ello implica que tendrán que ejercer cabalmente su función como contrapeso del Ejecutivo, a fin de evitar recortes a sectores que, como la política social y la educación a cargo del Estado, constituyen diques de contención para los descontentos sociales y que actualmente se ven amenazados a raíz de las pérdidas registradas en las finanzas públicas.
En suma, la circunstancia presente hace obligado que los nuevos diputados federales exhiban cuanto antes actitudes opuestas a las que ha asumido el Ejecutivo federal en los últimos meses y actúen con sensibilidad y visión de Estado.
