Madrid, 1º de septiembre. La presunta miembro de la organización armada vasca ETA Maite Aranalde, cuya liberación condicional fue dispuesta el pasado martes debido a un error burocrático, se encuentra en paradero desconocido y es buscada por la policía después de que el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, revocara anoche su liberación.

El magistrado ordenó la búsqueda y captura de Aranalde tras aceptar el recurso del fiscal contra su libertad y decidiera su reingreso en prisión, pero cuando la policía acudió a su domicilio para detenerla ya no la encontró.

La presunta etarra fue extraditada por Francia a España el 25 de agosto y dos días después el juez que sustituyó a Garzón en sus vacaciones de verano, Eloy Velasco, decretó su libertad bajo fianza tras estudiar su caso y no encontrar en el dossier de la detenida la documentación con la que sería procesada por estragos terroristas.

Fuentes judiciales señalaron que las autoridades francesas sólo remitieron a la justicia española la documentación para acusar a la mujer por tenencia de explosivos, pero no por el otro delito relacionado con su participación en la colocación de varias bombas en gasolineras situadas en las principales carreteras de salida de Madrid en diciembre de 2004.

Cuando la justicia española reclamó la documentación, al parecer ésta había sido extraviada.

Es verdad que hubo un error burocrático en Francia (...) que los primeros que lamentan son los propios franceses, dijo hoy el ministro del Interior español Alfredo Pérez Rubalcaba, quien advirtió que la mujer va a ser detenida.

El juez Garzón emitió un duro auto en el que no ocultó sus críticas a la actuación del magistrado que autorizó la libertad bajo fianza, al considerar que se cumplían todos los requisitos exigidos para mantenerla en prisión ante el alto riesgo de fuga que había.

En otro asunto, Garzón decretó la libertad bajo fianza por 60 mil euros de dos ex diputadas del Partido Comunista de las Tierras Vascas, Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, quienes son procesadas por un supuesto delito de integración en organización terrorista.

Las ex parlamentarias tuvieron un papel protagónico en la pasada legislatura en el País Vasco, al ser la voz y la cara de la ilegalizada izquierda abertzale, aunque han negado que su formación o que ellas mismas pertenezcan o tengan vinculación con el entramado de ETA en el País Vasco.