l titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Mario Delgado, advirtió ayer sobre la posibilidad de incrementar el precio del boleto del Metro, con el propósito de reducir el subsidio que se otorga en ese transporte –que actualmente asciende a 6 mil millones de pesos anuales– para sortear la situación de astringencia financiera que vivimos y la eventual reducción de las participaciones federales.

Adicionalmente, advirtió que se corre el riesgo de parar en algún momento la construcción de la línea 12 del Metro ante la negativa de la autoridad federal de entregar los recursos comprometidos: de un total de 3 mil millones de pesos acordados en julio con las secretarías de Hacienda y Comunicaciones y Transportes, hasta ahora sólo se han recibido 900 millones, lo que ha obligado, entre otras cosas, a retrasar los pagos al consorcio encargado de las obras.

Sin soslayar la complicada situación que enfrentan las finanzas públicas –las capitalinas y las federales–, debe señalarse que un incremento en la tarifa del Metro ocurriría en el contexto menos propicio, pues empataría con una situación de recesión económica que se ve reflejada en tasas crecientes de desempleo y carestía; en la que rondan, además, amenazas de nuevos aumentos en los precios de gasolina, electricidad y otros energéticos, aplicados a instancias del gobierno federal, y en las que, como dejó entrever ayer el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, persiste la intención gubernamental de gravar con el IVA alimentos y medicinas.

Por lo demás, la eventual cancelación de los trabajos de la línea 12 –cuya construcción fue ampliamente publicitada como parte de los logros del gobierno calderonista– abre una perspectiva por demás indeseable, pues esa obra es de suma importancia para garantizar la movilidad de la población en la capital del país y para la reactivación de la economía interna, toda vez que se tenía previsto generar, según cifras del mandatario local, Marcelo Ebrard, más de 20 mil empleos directos y 60 mil indirectos.

Ante las afectaciones que los elementos mencionados supondrían para la población en general, y la capitalina en particular, es necesario que las autoridades federales empleen a fondo los recursos de que disponen. Significativamente, para cubrir el costo del subsidio anual del Metro bastaría con que se destinara el equivalente a lo subastado en un día por el Banco de México para frenar la caída del peso: unos 500 millones de dólares. El hecho de que ese subsidio sea otorgado a los especuladores y no a la gente, dice mucho del carácter oligárquico y antipopular del gobierno federal.

De manera subrepticia, en sesión extraordinaria que se llevó a cabo durante la madrugada de ayer, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazaron computar una entrevista televisiva dentro de los gastos de campaña del delegado electo de Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, y determinaron que, en consecuencia, el aspirante panista no había sobrepasado el límite, en sentido contrario de lo que concluyó, hace unos días, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).

De tal forma, los magistrados del TEPJF reprodujeron la lógica exhibida en fallos anteriores, como el que tuvo lugar tras las desaseadas elecciones de julio de 2006: reconocieron la existencia de elementos violatorios de las leyes vigentes –en este caso, la prohibición constitucional de comprar tiempos en radio y televisión para propaganda electoral–, pero emplearon eufemismos para justificarlos –la entrevista en cuestión se trata del aprovechamiento de un contexto en el marco de la libertad de expresión, a decir de uno de los funcionarios– y determinaron, a continuación, que no había falta que perseguir.

Con ello, el máximo órgano de justicia electoral vuelve a mostrarse ajeno a su papel como garante de la legalidad de los comicios y como salvaguarda del cumplimiento efectivo de la voluntad ciudadana, sino como una instancia parcial, gestora de los intereses del poder político y proclive al empleo de subterfugios para justificar irregularidades y trapacerías, y ungirlas de legalidad a posteriori.

Adicionalmente, ese fallo reviste una clara intención de incidir, de manera por demás inaceptable, en la decisión del Tribunal Electoral del Distrito Federal, instancia a la que corresponde determinar si procede o no anular la votación en Miguel Hidalgo, y que ayer mismo ordenó repetir los comicios en Cuajimalpa sin la participación del Partido Acción Nacional, tras comprobar el rebase en los gastos de campaña del aspirante blanquiazul, Carlos Orvañanos.

Sin dejar de ponderar la importancia de este último hecho, es claro que el TEPJF ha sentado un precedente nefasto para cualquiera que sea la resolución del TEDF, pues los magistrados de este organismo sabrán que, sea cual sea la determinación, ésta podrá ser revertida una vez que la dirigencia panista la impugne ante la instancia federal.

En suma, el fallo emitido ayer por el TEPJF tiene implicaciones lamentables para la legalidad, la vigencia de los valores democráticos, la autonomía de las instituciones y la imagen, de por si deteriorada, de los órganos encargados de contar y hacer valer los sufragios en el país.