Hasta este jueves, tres días después de que el presidente Felipe Calderón propuso al abogado chihuahuense Arturo Chávez Chávez como nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), el litigante no había renunciado a su nombramiento como apoderado legal de los ejidos Flores Magón y Francisco Medrano, del puerto de Altamira, dentro de un litigio en el que está en juego una indemnización de más mil 500 millones de pesos de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

De acuerdo con registros de un juzgado federal con sede en Tamaulipas consultados ayer por La Jornada, Chávez aún funge como abogado de ambos ejidos, por lo que si es ratificado como procurador y aún no ha declinado ese patrocinio legal, provocaría conflicto de intereses, lo que en legislaciones de diversos países representa el delito de prevaricato.

La función específica de Chávez en el caso del puerto de Altamira es apuntalar el cumplimiento de una resolución definitiva de amparo que en noviembre pasado un tribunal colegiado administrativo concedió en favor de los mencionados núcleos ejidales, representados desde 2007 por el despacho jurídico del ex titular de la PGR, Antonio Lozano Gracia, quien actualmente es socio del ex senador del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos.

En Tamaulipas, el abogado Francisco Cayuela –asesor legal de varias empresas asentadas en el puerto de Altamira, las cuales mantienen abierto un juicio con el que buscan evitar que las retiren de esa terminal portuaria, tras el amparo que obtuvieron dos ejidos para que les devuelvan sus tierras expropiadas durante el sexenio presidencial de José López Portillo– confirmó que Chávez es miembro del bufete de Diego Fernández y Antonio Lozano.

Ese despacho tiene en trámite diversas demandas en contra del gobierno federal, que implican posibles indemnizaciones millonarias en favor de particulares, destacó Cayuela.

Lozano Gracia y Chávez son quienes aparecen como abogados (en el caso del puerto de Altamira), pero todo mundo sabe que Fernández de Cevallos es el jefe de ellos y que hasta hace unos años Fernando Gómez Mont era también socio del bufete, refirió Cayuela en diversas entrevistas.

Sobre la carrera profesional de Chávez, connotados abogados egresados de la Escuela Libre de Derecho –de la que egresaron el presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala– que pidieron el anonimato, aseguraron a este diario que el ex procurador de Chihuahua comenzó a litigar hace dos décadas en un bufete jurídico del jefe Diego, en el que también trabajaba el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Hubo incluso un abogado que indicó la posibilidad de que Calderón, pese a que conocía los antecedentes negativos de Arturo Chávez, lo hubiera designado como el sustituto de Eduardo Medina Mora con toda la intención de que el Senado rechace su nombramiento.

De esta forma, el Presidente de la República conseguiría dos cosas: quedar bien con el grupo político del jefe Diego y, luego del posible rechazo de los legisladores a dar su respaldo a Chávez, Calderón estaría en posibilidades de designar en el puesto de procurador al que es considerado su carta fuerte, el actual subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Juan Miguel Alcántara Soria, panista guanajuatense que conoció al michoacano cuando éste era diputado federal