Los beneficiarios de alguno de los más de 60 programas sociales del Gobierno del Distrito Federal (GDF) pueden vigilar y controlar su aplicación, con lo que evitarán abusos, malos manejos, usos clientelares o con sesgo o favoritismo político.

Lo anterior se señala en el libro Los programas sociales del GDF. Reglas de operación 2009, conocido como el libro verde, que por segundo año publicó la Secretaría de Desarrollo Social local.

En éste se advierte que como consecuencia de la severa crisis económica que se vive a escala nacional y mundial, el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, decidió incluir este año acciones orientadas a garantizar el derecho a la alimentación de las familias de escasos recursos y desempleados, mediante la instalación de comedores populares: los públicos (gratuitos), en los cuales se atiende a la población en situación de vulnerabilidad social y/o escasos recursos, y los comunitarios, localizados en unidades territoriales clasificadas como de media, alta y muy alta marginación.

El libro consta de 630 páginas, en las que se desglosa cada uno de los programas sociales, y se señala de qué secretaría, instituto o dirección dependen, los cuales se caracterizan por realizar transferencias económicas directas a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de bachillerato, desempleados, micro y pequeñas empresas, comunidades indígenas y migrantes, entre otras.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama, señaló que las reglas de operación se encuentran también en Internet, junto con los padrones de beneficiarios de cada programa.

Afirmó que los mejores seguros con los que contamos para que funcionen adecuadamente programas y políticas sociales son tres principios fundamentales: universalidad, para que un programa sea de beneficio general; permanencia, para que no sea un capricho de una administración y luego sea eliminado o sustituido, y su conversión en derecho, de tal forma que toda acción social no sea concebida como una concesión graciosa de una autoridad, sino como un derecho al que tiene acceso el ciudadano, porque la ley así lo mandata.

En los lineamientos se remarca que la población beneficiaria tiene derecho a recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de preferencias políticas, partido político o religión y a que todas las decisiones se ajusten a lo establecido en las reglas.

Como parte de los lineamientos y mecanismos de operación de cada programa se establece primero la entidad o dependencia responsable, los objetivos y alcances, las metas físicas, programación presupuestal, requisitos y procedimientos de acceso, de instrumentación, de queja o inconformidad ciudadana, mecanismo de exigibilidad, de evaluación e indicadores, formas de participación social y articulación con otros programas.

Cuando alguien se sienta excluido de un programa se puede interponer una queja ante la contraloría general del GDF, mientras que si está inconforme por la actuación de servidores públicos podrá acudir a la dirección general del DF.