n semanas y meses recientes, las autoridades federales han impuesto recortes presupuestales por varios miles de millones de pesos al gobierno de la capital de la República. Especialmente grave resulta la retención unilateral, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de partidas que fueron aprobadas el año pasado por la Cámara de Diputados para la construcción de la línea 12 del Metro, pues esa obra reviste importancia estratégica para la ciudad y su paralización implica rezago, desempleo y elevación de costos. Por si fuera poco, la fracción priísta en la Asamblea Legislativa del Distrito federal (ALDF) pretende, con justificaciones variopintas, impulsar la desaparición de programas y de secretarías enteras del gobierno capitalino, lo que generaría también una grave pérdida de puestos de trabajo y la reducción del poder público local en áreas en las que la acción gubernamental resulta irrenunciable: la cultura y el deporte, por ejemplo.
El acoso presupuestal que el gobierno federal realiza contra la ciudad de México y los empeños priístas de reducir el tamaño y, sobre todo, la obra social del Gobierno del Distrito Federal (GDF) poco tienen que ver con la crisis económica en que se encuentra sumido el país. Esa crisis es, en todo caso, el pretexto para reforzar una ofensiva política que empezó a mediados del sexenio foxista, cuando el jefe del gobierno capitalino era Andrés Manuel López Obrador, y que se ha mantenido en la administración calderonista contra Marcelo Ebrard. Una de las vertientes más irresponsables de tal hostilidad está conformada por el alarmismo y la dudosa voluntad con que las autoridades federales han manejado el tema del agua, tanto el abasto de agua potable como el desalojo de aguas negras, en la ciudad capital.
Si en las acciones contra el DF emprendidas por la administración federal, emanada del PAN, es inevitable percibir la animadversión contra una serie de gobiernos locales surgidos del PRD, en el caso de los priístas de la ALDF resulta clara su intención de obstaculizar el funcionamiento del poder local con el propósito de provocarle un desgaste político que permita al PRI forjarse expectativas de retorno a una posición que perdió en 1997, en cuanto ésta fue puesta a votación entre la ciudadanía. Pero el tricolor va por todo y, previsiblemente, hará cuanto le sea posible para recuperar dentro de tres años tal posición.
Mediante las determinaciones referidas no sólo se busca la asfixia financiera del GDF, sino también la inducción de un descontento popular ante un gobierno citadino paralizado por la falta de recursos y orillado a incrementar los impuestos ya existentes y a establecer gravámenes nuevos. Todo, con tal de derrotar a la izquierda en el Distrito Federal en las próximas elecciones.
Al parecer, priístas y panistas no alcanzan a entender que el afán por dejar sin recursos a la ciudad capital afectara, en primer lugar, a los sectores populares de la urbe y a la mayor parte de los que habitan en el estado de México.
En tal circunstancia, resulta por demás pertinente la exhortación formulada ayer en Dolores Hidalgo por el gobernante capitalino para que todos los legisladores defeños, independientemente de ideología y postura política, rechacen sin ambigüedad medidas presupuestales que no aspiran a reducir el déficit público ni a paliar los efectos de la crisis, sino a destruir cualquier posibilidad de que el Distrito Federal siga siendo gobernado por una autoridad surgida de la izquierda e impedir que se convierta, pese a sus fallas y errores –que los tiene–, en punto de referencia para ciudadanos de otras regiones del país que hoy son gobernados por autoridades surgidas de Acción Nacional o del Revolucionario Institucional.
Sería deseable que el conjunto de la población del DF, independientemente de su ideología y de sus preferencias partidistas, cerrara filas en defensa de su ciudad y de sus instituciones y exigiera un alto al golpeteo presupuestal, discursivo y legislativo.
Situaciones como la referida ponen de manifiesto también la urgencia de avanzar en la plena constitución del Distrito Federal como un estado más y de poner fin a la excepción y a la injusticia que conlleva el estatuto constitucional discriminatorio, en términos de potestades y de tutelas legislativas federales, contra la ciudad capital.
