Buenos Aires, 16 de septiembre. La Cámara de Diputados de Argentina debatía este miércoles un polémico proyecto de ley sobre medios audiovisuales impulsado por el gobierno, que pretende limitar los monopolios y es rechazado por opositores que lo ven como un intento de controlar a la prensa.

Estamos convencidos de que vamos a tener los votos necesarios para aprobarlo, dijo Agustín Rossi, el jefe de los diputados oficialistas, quien estimó que las discusiones se extenderán hasta la madrugada de este jueves, cuando se votaría la iniciativa.

El oficialismo cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, a donde el proyecto irá para su sanción.

Mientras, los principales bloques de oposición sostuvieron que la sesión que impulsa el kirchnerismo está inhabilitada y es nula, y cuestionaron como inconstitucional el tratamiento que le dio el oficialismo al proyecto en la Cámara de Diputados, por lo que anunciaron que no van a estar en el recinto en el momento de votar, informó el diario Clarín.

“Decidimos hacer lo que hacemos siempre cuando es la oposición la que cita a sesión especial y no tiene quórum: discutimos, debatimos y no votamos”, confirmó el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, Óscar Aguad, en una conferencia de prensa que dio junto a otros diputados y a legisladores macristas en el Congreso.

Ésta es una decisión de toda la oposición que marca un compromiso, agregó en su turno el peronista disidente Francisco de Narváez, señaló el periódico que encabeza una campaña contra la legislación antimonopolio.

El gobierno aspira a conseguir la aprobación de esta iniciativa antes de la asunción en diciembre de los nuevos legisladores, surgidos de las pasadas elecciones de junio, que se traducirá en una nueva conformación parlamentaria en el que la presidenta Cristina Fernández no tendrá mayoría.

Legisladores opositores socialdemócratas y derechistas cuestionaron la legitimidad de la sesión y acusaron al oficialismo de no haber respetado normas reglamentarias al aprobar la madrugada de este miércoles un dictamen de mayoría en comisiones, que habilitó el debate en la Cámara baja.

El gobierno de Cristina Fernández modificó hace unos días el proyecto enviado al Congreso a finales de agosto, lo que le permitió sumar votos de legisladores de izquierda, que comulgan con el espíritu de la ley, que en caso de aprobarse remplazará la actual legislación que data de la pasada dictadura militar (1976-1983).

Esas modificaciones incluyeron el veto a las telefónicas para operar el mercado de televisión por cable y el aumento de cinco a siete de los integrantes de la comisión que será autoridad de aplicación de la nueva ley, evitando así que el Poder Ejecutivo tenga mayoría en esa entidad, que tendrá carácter autárquico.

La filial argentina de la española Telefónica divulgó hoy un comunicado en que criticó esa prohibición, y aseguró que representa un obstáculo para el desarrollo de Argentina y su inserción en el mundo de las comunicaciones.

Punto controvertido es el que obliga a las empresas a deshacerse de sus canales de aire o de cable en el plazo de un año, porque el proyecto prohíbe que el dueño de un canal de aire tenga además uno de cable en la misma zona.

Entre las empresas afectadas, está el principal grupo multimedios del país, Clarín, enfrentado con el gobierno en una pelea que escaló posiciones con la norma para modificar la ley audiovisual.

Los opositores exigen que se posponga la discusión hasta después del 10 de diciembre, cuando el oficialismo pierda la mayoría que tiene en las dos cámaras, por el duro revés que sufrió en los comicios legislativos de finales de junio, y adelantaron que planean revisarla en caso de aprobarse.

La iniciativa fue rechazada por entidades que reúnen a los empresarios de la prensa argentina, que advirtieron que el proyecto amenaza la libertad de prensa y la seguridad jurídica.

La libertad de expresión no puede ser convertida en libertad de extorsión. La libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa, dijo la presidenta Fernández al presentar la ley que entre otras cosas garantiza el acceso a un tercio del espectro audiovisual a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.

El resto se reparte entre el Estado (medios públicos) y los privados comerciales, con dos tercios para cada uno.

El proyecto, que incorporó modificaciones desde que fue lanzado en marzo, fue respaldado en Ginebra por el relator especial de Naciones Unidas sobre Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, el guatemalteco Frank la Rue.