El impuesto del 2 por ciento no está del todo mal en tanto gravamen de emergencia, pero debe acompañarse de una serie de medidas intermedias que eviten un mayor endeudamiento para financiar el gasto corriente del gobierno federal, señala un análisis de la dirigencia nacional del PRI.

En este estudio sobre la propuesta de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos que envió el presidente Felipe Calderón al Congreso, se advierte que rechazar este nuevo impuesto al consumo y proponer en cambio un mayor déficit público es una alternativa falsa, ya que, explica el texto, todos los proyectos de infraestructura ya se están financiando con deuda, de tal suerte que un mayor déficit tendría como única finalidad financiar el gasto corriente.

Destaca el análisis que con este nuevo impuesto del 2 por ciento se pretende incidir en los ingresos que genera la economía informal, que cada año le representa beneficios por miles de millones de pesos a la gran masa de desempleados que ha creado el propio gobierno federal.

Menciona que también habrá presión de los gobernadores, cuyos estados se beneficiarían con alrededor de 20 mil millones de pesos derivados de este nuevo gravamen. Apunta que los mandatarios estatales están contra la pared ante la caída de las participaciones federales, pues el endeudamiento de municipios y entidades tiene como garantía justamente los recursos que se les entregan vía participaciones, mismas que se han caído por la disminución del consumo.

El análisis menciona que no necesariamente el endeudamiento es malo, siempre que se utilice para la reactivación del crecimiento económico. Lo que está mal es endeudarse para pagar una creciente burocracia. ¿De qué burocracia estamos hablando? Entre otras, de las más de 3 mil direcciones generales que han creado las administraciones federales del Partido Acción Nacional con salarios que van de los 100 mil a los 150 mil pesos mensuales.

Llama la atención sobre el engaño que significa el anuncio que hizo el presidente Felipe Calderón de reducir la burocracia, porque lo que va a hacer es dejar en la calle a 10 mil burócratas, gente encargada de los servicios básicos, a cambio de los cuales el gobierno federal contrataría a una empresa privada que preste los servicios que hacían los empleados despedidos, cuando reducir o eliminar esas tres mil direcciones generales equivale al salario de esos 10 mil servidores públicos que se pretende despedir.

En otro apartado, el documento sostiene que la gran masa de desempleados que han generado las administraciones federales del PAN es un dispositivo perverso que ocasiona, entre otras cosas, que la gente venda cada vez más barato su trabajo; la creación de esta gran masa de desempleados es un mecanismo de cuño capitalista para evitar el crecimiento salarial, ya que quienes tienen la suerte de contar con un empleo se ven presionados a realizarlo por una menor remuneración y frente a esto se crean injustificadamente puestos de élite en la alta burocracia.