El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) emplazó a la Presidencia a que en 10 días hábiles –una vez que sea notificada– haga públicos los datos sobre el monto de los recursos decomisados al crimen organizado.

En una respuesta, Presidencia se había declarado incompetente y remitía al solicitante de esa información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República.

En el recurso respectivo, el peticionario demandó a la Presidencia revelar el total del efectivo –en dólares y pesos mexicanos– que la actual administración ha decomisado al crimen organizado.

Además le pidió reportar los montos destinados a la prevención y el tratamiento de adicciones, así como las áreas e instituciones y los nombres de los funcionarios que manejan esos recursos.

De la Iniciativa Mérida solicitó saber si hay alguna partida para prevención y tratamiento de adicciones. En caso de que la respuesta fuera afirmativa, pidió conocer el monto.

La comisionada ponente, María Marván Laborde, consideró que Presidencia es competente por lo menos para conocer acerca de los casos más relevantes de dinero en efectivo decomisado al crimen organizado, así como su destino.

Al menos en este caso, señaló, se manifiesta que las unidades administrativas de Los Pinos, como la Oficina de la Presidencia, tienen entre sus funciones dar seguimiento al cumplimiento de programas, proyectos especiales y demás responsabilidades a cargo de las dependencias o entidades de la administración pública federal (APF).

En su resolución, se sostiene que los titulares de las dependencias y entidades de la APF serán responsables de que la Oficina de la Presidencia, así como la secretaría particular y la coordinación de comunicación social de Los Pinos, cuenten oportunamente con la información y el apoyo necesarios para el eficaz cumplimiento de sus funciones.