ientras permanecen intocadas las estructuras patrimoniales y financieras de los cárteles de la economía criminal, el poder militar crece y se expande por todo el territorio mexicano. En un aparente contrasentido, a la vez que se profundiza la anticonstitucional intervención del Ejército en tareas de seguridad interior, se multiplican los grupos paramilitares de autodefensa y las guardias privadas. Con un dato irrefutable: a mayor militarización, mayor violencia.

Los expertos ponen el Operativo Conjunto Chihuahua, bajo el mando del general Jesús Espitia, como emblema del fracaso de Felipe Calderón en su guerra contra el crimen. Pero podríamos estar asistiendo a un fenómeno diferente. La extrema derecha utiliza el miedo cuando está desarmada y el terror cuando está armada. Y, como en toda propuesta autoritaria de rasgos neofascistas, lo paradójico es que la inconformidad contra el orden existente se manipula demagógicamente para consolidarlo y perpetuar así la miseria, la exclusión política y la violencia. La lógica es la misma de siempre: se trata de inflar al enemigo –los judíos, los negros, los comunistas, los subversivos, los indios– para canalizar en su contra los propósitos más reaccionarios generados por las contradicciones de clase y la crisis social y política.

En ese contexto, la violencia irracional no cesa. A los 18 fusilados del albergue El Aliviane, en Chihuahua, y los 10 jóvenes desechables ejecutados en Navolato, Sinaloa, se sumaron 10 más el 16 de septiembre en otro centro de rehabilitación para adictos en Ciudad Juárez.

Según el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, no es casualidad: es parte de la guerra entre grupos criminales. Así, a la política del acostumbramiento se suma ahora la de la normalidad. Y como las matanzas son normales entre ellos (los inde-seables), el Estado justifica los crímenes y se lava las manos. Al fin y al cabo no son humanos. Sólo que Gustavo de la Rosa, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, estima en más de 300, tal vez 500, los jóvenes ejecutados en la entidad en actos de limpieza o discriminación por motivos de condición social. El diputado local Víctor Quintana lo atribuye a escuadrones de la muerte dedicados a exterminar adictos.

No son los únicos casos. El 27 de agosto, en Copándaro, Michoacán, cuatro jóvenes aparecieron asesinados maniatados, semidesnudos, con huellas de tortura, impactos de bala y una letra Z marcada en la frente con un objeto punzocortante. El primero de septiembre, tres jóvenes limpiaparabrisas fueron ejecutados en Gómez Palacio, Durango. Sin aparente conexión, en Culiacán, Sinaloa, van 10 policías muertos en septiembre, luego de que apareciera una amenazadora manta con la leyenda: Empezó la limpia de ministeriales X ratas y extorsionadores, así como ustedes han matado mucha gente inocente, agárrense investigadores y Oriones. Att. G.belico (sic).

La misma lógica de la normalidad y del acostumbramiento puede aplicarse al asesinato de abogados de narcotraficantes, como el de Silvia Raquenel, ex defensora de acusados de pertenecer a las mafias de los Beltrán Leyva y del Mayo Zambada, y Américo Delgado de la Peña, ex penalista de Juan García Ábrego. La primera fue acribillada el 9 de agosto en el mercado La Pulga Río, en Nuevo León, y el segundo fue degollado en su domicilio en Toluca, el 30 de agosto.

En Chiapas, el 18 de septiembre, paramilitares de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), bajo cobertura del gobierno del estado, emboscaron y agredieron a un miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas e hirieron de bala a un ejidatario de San Sebastián Bachajón. Ya se olvidó el asesinato del presidente del Congreso de Guerrero, Armando Chavarría, el 20 de agosto.

El ambiente de terror, la fascinación por la mano dura, la depuración criminal, la mal llamada limpieza social, el sicariato y los escuadrones de la muerte hacen parte de las operaciones violentas en gran escala propias de sociedades que se internan en procesos totalitarios. Por lo general, los móviles son atribuidos al ánimo descontrolado de retaliación de elementos de los cuerpos armados del Estado o a motivaciones ideológicas que corresponden a imaginarios de higiene y asepsia social, étnica e incluso a una moral maniquea.

Sin embargo, pese al discurso negacionista oficial, cabe reiterar que, en sus diferentes modalidades, el paramilitarismo es un hecho político ligado históricamente con las estructuras militares y policiales del Estado. En países como Colombia suplanta ya a los mismos partidos, sus creadores.

El paramilitarismo forma parte del proceso de institucionalización del orden autoritario. Su función es exterminar opositores y/o a la escoria social y paralizar con el terror al movimiento de masas, conservando al mismo tiempo las formas legales y representativas caducas al hacer clandestina la represión estatal. La estética de la discriminación es parte de la estrategia paramilitar, que no se trata simplemente de un proyecto armado de guerra sucia, sino de la consolidación de un modelo de sociedad. Ante la mirada cómplice de muchos y la pasividad de las mayorías, los cuerpos seccionados, mutilados, lacerados con sevicia, buscan garantizar la eficacia simbólica del mensaje enviado al colectivo social: la alteración del cuerpo del enemigo, en función del sometimiento de la población civil al control y la subordinación, a través del miedo, como principio operativo.

En ese contexto, cabe recordar el análisis titulado La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico (2008), donde la Sedena alertaba sobre el riesgo de la inviabilidad del país ante la previsible simbiosis entre cárteles criminales y grupos armados desafectos al gobierno, objetivos a aniquilar mediante una cruzada nacional de tipo contrainsurgente.