Al presentar la primera parte de las conclusiones del Comité Conciudadano de Observación Electoral acerca de su desempeño en los comicios de junio pasado, se destacó que los partidos trasladaron parte de los recursos que ya no invirtieron en compra de espots en medios electrónicos, al financiamiento de acciones de clientelismo político.

Sendos trabajos del comité dan cuenta del crecimiento de prácticas de coacción del voto por diversos institutos en detrimento de la libertad del sufragio.

Clara Jusidman, integrante del comité, sostuvo en entrevista que hubo partidos que deliberadamente se dedicaron a la violación reiterada de la ley en aras de obtener presencia electoral.

Agregó que el Partido Verde Ecologista de México abusó de esta práctica ante la complacencia del Instituto Federal Electoral que, en lugar de incrementar las sanciones por tratarse de violaciones reiteradas, abordó el caso como faltas aisladas.

Lourdes Morales, de Alianza Cívica e integrante del comité, dio a conocer un estudio muestral realizado en 23 distritos de diez entidades del país, en el que señala que el clientelismo electoral practicado por los partidos se incrementó en relación con el proceso de 2006.

Subrayó que en dichos distritos –de alta marginalidad y/o competitividad política– la cuarta parte de los ciudadanos consultados consideró que el voto no es secreto, porcentaje que en el caso de Valle de Chalco alcanzó 45 por ciento.

De acuerdo con la investigadora, el estudio reveló que una parte de los recursos que anteriormente destinaban a la compra de espots en radio y televisión ahora fueron utilizados en las campañas de a tierra.

Destacó que el estudio muestra la asociación de los partidos con prácticas de clientelismo electoral y coacción del voto en entidades como el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco o el estado de México.

Silvia Alonso, también del Comité Conciudadano de Observación Electoral, destacó que de las entrevistas realizadas se desprende que persiste abuso electoral de los programas sociales en los tres niveles de gobierno.

Destacó que ante las necesidades de los beneficiarios de dichos programas, los ciudadanos le otorgan muy poco valor a su voto, como sólo garantizar que se preserven dichos programas.

Consideró necesario que en las nuevas reformas a la legislación electoral ahora sí se haga énfasis en blindar no tanto los programas sino al ciudadano para evitar estas prácticas de abuso de los beneficios sociales.

Jusidman consideró que una de las deficiencias de la reforma electoral pasada fue el poco énfasis otorgado al papel de los ciudadanos y las prerrogativas que se mantuvieron para los partidos. Lo anterior se vinculó con deficientes actuaciones de las autoridades electorales en detrimento de la sociedad, como fue el caso de la delegación Iztapalapa.

Una errática actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se vinculó a decisiones políticas de partidos que, en aras de buscar alternativas a un mal fallo de los magistrados, han llevado el caso Iztapalapa a una situación delicada en detrimento de la sociedad.

Ahora los ciudadanos de Iztapalapa, que claramente votaron por Clara Brugada, no por Juanito, tendrán que pagar los errores de autoridades y partidos.