Padres de las víctimas del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, presentaron una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra de seis jueces de distrito por la admisión, trámite, condicionamientos y la injustificada demora en su resolución en los juicios de amparo promovidos por los presuntos responsables del incendio, como son los socios y propietarios del inmueble y el ex delegado del IMSS en Sonora, Arturo César Leyva Lizárraga.

Una comisión presentó ayer la queja formal –en nombre de 21 padres de familia–, la cual fue admitida a trámite por la secretaría ejecutiva de disciplina del CJF y de manera inusual, el consejero Óscar Vázquez Marín se reunió con los quejosos para conocer directamente de la demanda a pesar de que no había cita para este encuentro.

En el escrito se solicita que se investigue la actuación dolosa en favor de los propietarios de la guardería Antonio Salido Suárez, Gildardo Francisco Urquídez Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella (pariente de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón) y de Leyva Lizárraga, ya que a un mes de que les fue dictado el auto de prisión en su contra continúan gozando de una libertad inmerecida.

Demandan revisar amparos

También se solicita que el consejo revise los amparos concedidos a los acusados y la actuación de los jueces de distrito adscritos al juzgado segundo de distrito, octavo de distrito, décimo de distrito con sede en Hermosillo, Sonora; y a los juzgados segundo, tercero y cuarto de distrito en materia de amparo penal con sede en el Distrito Federal, porque han solapado las acciones y chicanas de los responsables.

En el caso del juzgado primero de distrito con sede en Hermosillo, donde se radicó la demanda por los delitos de homicidio y lesiones culposos en perjuicio de los 49 menores fallecidos y 74 lesionados, se denuncia que indebidamente hizo pública su intención de librar las órdenes de aprehensión correspondientes, lo que permitió que los acusados tuvieran tiempo de presentar amparos en contra de su detención.

El texto denuncia que el juez segundo de distrito en Sonora concedió la libertad condicional a Antonio Salido Suárez, previa caución de 2 mil pesos y el Ministerio Público tuvo que presentar una queja para que un tribunal colegiado le ordenara al juez que modificara la fianza por la cantidad de 9 millones 309 mil 868 pesos.

La queja cuestiona que los jueces han admitido irregularmente diversos recursos que sólo han servido para el proceso en beneficio de los responsables.

Gracias a los jueces, indica, los acusados han logrado que no se les prive de la libertad, se les suspenda la orden de identificación y no se les recabe la orden de filiación; también que se les suspenda la realización de la ficha dactiloscópica y antecedentes penales, así como el examen sicofisiológico e incluso que se les suspendan sus derechos políticos.

Después de entregar el recurso ante la Oficialía de Partes, Patricia Duarte Franco y José Francisco Quintana (padres de Andrés Alonso); Roberto Zavala Trujillo (padre de Santiago de Jesús); Celia Lara Méndez (madre de Juan Israel) y Abraham Fraijo Rascón (padre de Emilia) y las abogadas Ismene Figueroa y Giovana Valenzuela, fueron recibidos por la Comisión de Disciplina del CJF, que encabeza el consejero Óscar Vázquez Marín, quien les informó que su queja sería admitida y que en los próximos días recibirán la notificación correspondiente para dar curso a la demanda.

En entrevista, Patricia Duarte destacó la diferencia del trato del consejero y los magistrados que integran la Comisión Investigadora, Carlos Ronzón Sevilla y María del Rosario Mota Cienfuegos, con el trato recibido por los juzgados de distrito que tienen conocimiento del proceso penal en contra de los dueños de la Guardería.

Destacó que los magistrados Ronzón y Mota aceptaron su propuesta, a nombre de los padres de las víctimas, para que sea un experto internacional quien realice la evaluación del incendio, lo cual, dijo, es una de nuestras demandas porque no creemos en los peritos de las autoridades, además de que han mantenido su disposición de mantenerse en contacto con los padres de las víctimas.