San Cristóbal de las Casas, Chis., 22 de septiembre. Luego de la agresión armada de priístas en la comunidad de Jotolá (municipio de Chilón) el pasado viernes 18 contra miembros de la otra campaña y un defensor de derechos humanos, el gobierno del estado ha guardado un preocupante silencio y, sobre todo, no ha actuado contra los agresores, siendo que pudo incluso hacerlo en flagrancia, y detener a los mismos, miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).

La Jornada pudo confirmar que Carmen Aguilar Gómez, campesino tzeltal de San Sebastián Bachajón baleado por Opddic, fue dado de alta ayer en el hospital donde se le atendía, si bien los médicos no pudieron extraer la bala que tiene alojada en el muslo izquierdo, pues se localiza en un lugar que compromete el área, dificultando la intervención quirúrgica.

En tanto, el abogado Ricardo Lagunes Gasca, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) se repone de la golpiza que le propinaron los de Opddic el pasado día 18 en Jotolá, resulta que el fiscal especializado en la protección de los organismos no gubernamentales para la defensa de los derechos humanos del gobierno chiapaneco, Pedro Raúl López Hernández, atrajo el caso, lo cual no ha tenido ningún resultado en materia de aplicación de la justicia.

También se pudo documentar que el día de los hechos, el subsecretario de operación política de la Secretaría de Gobierno en la zona Selva, Alejandro Constantino Pérez, tuvo conocimiento de que algo podría suceder en Jotolá previo a la agresión. El propio funcionario admitió haber hablado telefónicamente con los de Opddic, quienes le manifestaron molestia porque los de la otra campaña estaban reunidos en la casa ejidal, ocupados en pintar un letrero.

Si bien, como reportó La Jornada, una patrulla de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se encontraba en Jotolá con los inminentes agresores de Opddic, ésta se retiró. No volvió a verse presencia policiaca hasta más de dos horas después de la agresión, lo que dio tiempo para que los de Opddic aterrorizaran a las mujeres y sitiaran armados las casas de los ejidatarios de la otra campaña. Pudo ser peor.

La vieja y bien probada receta de Acteal, que consiste en dejar correr el tiempo, se vuelve habitual ante estas agresiones de grupos oficialistas contra comunidades indígenas. Sobre todo porque aún después, tras los hechos consumados, la autoridad se abstiene de detener a los agresores acusados de disparar, como en este caso.

Por ahora, en Jotolá, la casa ejidal ya fue desocupada por los de Opddic, y aunque hay relativa calma, son continuas las agresiones y amenazas verbales de personas de Opddic contra los ejidatarios. Según testimonios de los mismos pobladores, aquellos se sienten intocables después de que sus acciones no fueron investigadas ni castigadas.

En otro orden, aunque relacionado con lo anterior, versiones publicadas en la prensa estatal según las cuales los presos de San Sebastián Bachajón, Gerónimo y Antonio Gómez Saragos, habrían sido liberados por el gobierno, carecen de fundamento: La Jornada confirmó hoy que ambos siguen recluídos en el penal El Amate y su situación jurídica no ha cambiado.