nte el amplio repudio social y legislativo que ha generado la propuesta presidencial de crear un nuevo impuesto de 2 por ciento generalizado –que afectaría también a medicinas y alimentos–, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Ernesto Cordero Arroyo, señaló ayer que el gravamen referido es necesario para que millones de familias pobres en el país sigan comiendo bien, tengan atención médica y (sus hijos) sigan en la escuela, y sentenció que en caso de no aprobarse el paquete económico propuesto por el gobierno federal, se estará sacrificando a una generación; condenando a los niños a seguir reproduciendo los patrones de pobreza; lo que queremos evitar es que un niño deje la escuela o se salte una comida.

En primer lugar, resulta lamentable que el encargado de la política social del gobierno en turno exhiba tal falta de realismo, de sensibilidad y de conocimiento respecto de las tragedias que recorren el país: el hambre, la marginación y la falta de acceso a servicios médicos y a la educación no son flagelos nuevos, como insinuó el funcionario, sino que forman parte de un conjunto de rezagos sociales de larga data, que por desgracia configuran la realidad actual y cotidiana de millones de familias en todo el territorio nacional.

Siempre será necesario que se formulen medidas orientadas a combatir la pobreza –sobre todo cuando se encuentra tan extendida, como ocurre en México–, pero el impuesto que pretende crear el calderonismo no puede ser visto como una de ellas, entre otras cosas porque el costo que representará en caso de aprobarse será mayor al supuesto beneficio: como lo reporta un análisis reciente del paquete fiscal, dicho gravamen significaría, para los 50 millones de pobres del país, una erogación de casi 93 mil millones de pesos, cifra superior en 18 mil millones al monto que, de acuerdo con el gobierno federal, se busca destinar al apoyo de las familias más depauperadas a través de los programas Oportunidades y Apoyo Alimentario.

Por otra parte, si es verdad que medidas como la comentada son imprescindibles para avanzar en el combate a la pobreza, entonces resulta obligado concluir, a partir de lo dicho por Cordero, que los programas asistencialistas operados en los años recientes por las sucesivas administraciones han significado un enorme e injustificable dispendio de recursos públicos, lo que confirmaría –como lo han señalado en reiteradas ocasiones distintos especialistas sobre el tema– que la política social vigente no sirve para reducir el número de pobres y que es, en el mejor de los casos, un mero acto de simulación, o bien un instrumento de control electoral de los gobiernos en turno, en el peor.

Si hubiese en el grupo gobernante una voluntad efectiva para combatir la pobreza, el punto de partida obligado tendría que ser el abandono del modelo económico vigente, que es en donde se gestan las desigualdades y los rezagos sociales que recorren el país: en la medida en que esto no ocurra, no habrá política social que baste para mejorar las ínfimas condiciones de vida de la mayoría de la población.

Por último, acaso el elemento más preocupante de las declaraciones del titular de la Sedeso sea que confirma la tendencia de la presente administración a emplear el chantaje como instrumento de política. Algo similar había hecho ya el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, al señalar que la compra de vacunas contra el rebrote de la influenza A/H1N1 dependería de la aprobación del paquete económico para 2010. Tales actitudes, inapropiadas e impresentables en un entorno pretendidamente democrático, pudieran resultar además particularmente dañinas y contraproducentes para el actual gobierno, deficitario de legitimidad desde su origen y erosionado en su credibilidad como consecuencia de su ineficiente desempeño en prácticamente todos los ámbitos.