urante la marcha conmemorativa por la matanza del 2 de octubre de 1968, que se desarrolló ayer en esta capital, elementos de la policía y grupos de manifestantes protagonizaron un enfrentamiento que derivó en la detención de 26 personas, 11 de ellas menores de edad, según fuentes oficiales.

En la circunstancia actual, cuando hay en el país un descontento social generalizado, justificado y alimentado por la indolencia de los encargados de su manejo político y económico, resulta particularmente peligroso recurrir a medidas represivas que, se sabe desde siempre, tienden a alimentar la violencia, no a contenerla. Tampoco ayuda mucho minimizar las expresiones de descontento de este tipo, como pareció hacerlo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel Mondragón y Kalb, quien señaló que sólo se trató de un enfrentamiento moderado provocado por grupos vandálicos.

Es necesario que las autoridades enfoquen sus esfuerzos en prevenir la configuración de estos escenarios y para ello es pertinente, ante todo, que expresiones de descontento de este tipo sean dimensionadas y ponderadas en función de su contexto, el cual es en sí mismo hostil y violento con la población en general, y con los jóvenes en particular.

En efecto, los actos protagonizados ayer por algunos grupos asistentes a la marcha no debieran extrañar en un entorno marcado por la desazón y la zozobra generalizadas en la juventud, la desintegración del tejido social, la ausencia de perspectivas laborales para padres e hijos, e incluso la falta de espacios en los ciclos de educación superior a cargo del Estado.

La circunstancia actual se ve agravada por el deterioro generalizado en las condiciones de vida de la mayoría de la población y una situación económica sin horizontes de movilidad social; la violación y negación sistemática de garantías constitucionales básicas y las condiciones de miseria, marginación, exclusión e inseguridad que recorren amplias franjas del territorio nacional.

Ante tal situación, las autoridades de todos los signos políticos debieran consagrarse a la tarea de combatir las causas del problema, no sus expresiones epidérmicas, lo cual implica la apertura de espacios de estudio para la juventud, el respeto pleno a sus derechos, la aplicación de medidas que reactiven la economía interna y permitan generar empleos suficientes y bien remunerados, y el restablecimiento de programas de apoyo y bienestar social para paliar las dificultades que hoy enfrentan millones de familias.

Las autoridades de los distintos niveles de gobierno deben entender que la represión y el uso de mano dura son elementos particularmente improcedentes ante un deterioro social, económico e institucional como el que atraviesa el país en la hora presente. Los acontecimientos referidos deben ser vistos, en suma, como aviso para las administraciones local y federal, a efecto de que éstas centren sus esfuerzos en evitar que episodios similares se repitan.