or qué los levantacejas que hace una semana aún adoraban a Juanito, nunca llegaron al fondo del caso Iztapalapa? ¿Por qué no mostraron las condiciones de vida que padecen los habitantes de aquella delegación? ¿Por qué no dieron a conocer que durante los nueve años en que prevaleció allí el cacicazgo de Víctor Hugo Círigo, René Arce y los Chuchos, la administración que explotaban no hizo obra pública? Todavía están a tiempo de ir a comprobarlo: no hay banquetas, falta drenaje, pavimento, alumbrado, canchas deportivas, seguridad. Todas las casas parecen jaulas, con rejas y barrotes en puertas y ventanas. En ningún lado hay letreros que digan: aquí se construye, lo que sea. No hicieron nada. Excepto robar con avidez insaciable.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno del Distrito Federal levantó en Iztapalapa dos planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dos preparatorias, una nueva cárcel de mujeres y un hospital de altas especialidades, entre otras cosas, mientras Arce y Círigo usaban el presupuesto local para ellos y sus cómplices. Por eso, cuando se efectuaron las elecciones internas del PRD, entre Clara Brugada (la aliada de López Obrador) y Silvia Oliva (la de los Chuchos), la gente le dio la mayoría a Brugada. Y cuando el tribunal electoral federal le arrebató la candidatura a ésta, el pueblo de Iztapalapa, harto de sus caciques, votó por Juanito.

Los verdaderos héroes de ese proceso histórico fueron los hombres y las mujeres que, el 5 de julio, a pesar de las amenazas y los sobornos de los Chuchos –yo estuve aquel día allí, sé de qué hablo– se rebelaron cruzando la boleta electoral en favor de Juanito para que gobernara Brugada, objetivo que finalmente se logró. Ahora se inicia un trienio que puede y debe empezar a cambiar la fisonomía y el destino de Iztapalapa, pese a la alianza de los Chuchos con Calderón para tratar de impedirlo.

Resuelto el caso Juanito, a Marcelo Ebrard se le aclara el panorama. Gobernará en armonía con los delegados panistas de Cuajimalpa y Benito Juárez y combatirá a Demetrio Sodi en Miguel Hidalgo, sin darle tregua ni cuartel. La imposición de este sujeto, representante de la escoria política más abyecta del país –que llevará de segundo de a bordo a Ricardo Pascoe, otra fichita–, fue producto de una coalición de oligarcas acaudillada por Lorenzo Servitje, el ultraderechista fabricante del pan Bimbo, y Emilio Azcárraga, accionista principal de Televisa.

Mucho antes del 5 de julio, el anciano Servitje, fanático religioso y anticomunista, convocó a Sodi y a su adversario del PRI, llamado quién sabe cómo, a una reunión con los magnates de Polanco, las Lomas de Chapultepec y Santa Fe, donde pactaron que, pasara lo que pasara, Miguel Hidalgo no sería gobernada, por ningún motivo, por el PRD, cuya candidata además no estuvo a la altura de las circunstancias por inexperta.

Confiado en la impunidad que le ofrecieron quienes en 2006 llevaron a Los Pinos a Calderón, Sodi cometió toda clase de trapacerías y rebasó por mucho el tope de gastos de campaña, especialmente con la entrevista que por puritita casualidad le hizo la televisión durante un partido futbolístico. Cuando el PRD impugnó el fraudulento triunfo de Sodi ante el tribunal electoral capitalino, demostrando que el panista había violado las leyes vigentes en la materia, los magistrados locales resolvieron, conforme a derecho, anular la elección. Fue cuando entró en acción la banda de María del Carmen Alanís (Maca), la amiga íntima de Margarita Zavala de Calderón, y sus macacos (los magistrados del tribunal federal) que se propusieron, y lograron, demostrarle al país dos cosas.

Una, que para ellos es letra muerta la reforma electoral de 2007, que prohíbe a los candidatos comprar tiempos en televisión para promocionarse (ley que significó una grave pérdida económica para Televisa y Tv Azteca, y que fue criticada por los levantacejas a coro como enemiga de la libertad de expresión). Y, dos, que en México ganarán las elecciones única y exclusivamente quienes designen Servitje, Azcárraga y los 100 grandes empresarios que desde el sexenio de Fox no pagan impuestos.

Estos hechos, evidentes y demostrables, deben llevarnos a una urgente reflexión: si la mayor obsesión del taliPAN es arrebatarle el gobierno de la ciudad de México al movimiento de López Obrador, empiezan a darse las condiciones para que esto suceda en 2012 (si aún existe el sistema político actual para entonces) mediante una fórmula que ya probó su eficacia. Vamos a suponer lo siguiente.

Amalia García, la gobernadora neocalderonista de Zacatecas, ha dicho que quiere ser candidata del PRD al GDF. Cuando se celebren las elecciones internas de ese partido entre ella (o alguien como ella) y el precandidato de Ebrard y del movimiento obradorista, los Chuchos bien pueden llevar a cabo un sinfín de porquerías para que el proceso quede en entredicho y la última palabra la diga el tribunal electoral federal, es decir, doña Maca y sus macacos.

Después de los comicios constitucionales de 2012 –y aunque el candidato del movimiento popular contienda bajo los colores de otro partido–, sea cual sea el veredicto de las urnas, Maca dirá otra vez la última palabra. Y así podría llegar al Antiguo Palacio del Ayuntamiento una figura política seguida por una cauda de narcotraficantes, que una noche le vacían una cárcel y otro día el peine de un cuerno de chivo para recordarle el pago de alguna factura pendiente.

A Marcelo Ebrard le corresponde, en consecuencia, el deber y el honor de defender al Distrito Federal no sólo de los recortes presupuestales que le prepara Calderón, no sólo de los sabotajes que desde la Cámara de Diputados le harán los Chuchos y no sólo del acoso de los levantacejas. Ebrard debe, además, conservar la amplia mayoría política que forjó con sus éxitos materiales el gobierno de López Obrador, y para ello debe proteger a los capitalinos de los abusos y excesos que por todos los ámbitos de la ciudad están cometiendo los delegados perredistas.

En Tlalpan, por ejemplo, el delegado saliente, Guillermo Martínez, y el que acaba de relevarlo, Higinio Chávez (cuyo parecido físico y moral con Roberto Madrazo es notable), transaron con los magnates que poseen los megarrestaurantes de carnitas Arroyo y Don Enrique, y con los concesionarios de una agencia Volkswagen y de una tienda Oxxo, sobre Insurgentes Sur, los siguientes atropellos a la ciudadanía.

Los de Arroyo se robaron un buen tramo de banqueta para ampliar el acceso a su estacionamiento, obligando a caminar sobre la avenida a ancianos y niños; los de Don Enrique construyeron un estacionamiento de tres pisos en zona habitacional, dejando sin lugar para colocar sus coches a los vecinos; los de la Volskwagen talaron seis árboles centenarios para darle más visibilidad a la fachada de su negocio; los del Oxxo contiguo a Don Enrique tiraron dos árboles más para que sus clientes pudieran meter sus coches sobre la acera y, como cerecita del pastel, los de Don Enrique están demoliendo una parte de su comedero de tacos para hacer una gasolinera, con una cisterna de 200 mil litros de combustible, que estará abierta 24 horas diarias a escasos metros de un conjunto de condominios que aloja a 120 familias. Y todo esto, ¡en una sola manzana de Tlalpan!

¿Está Ebrard enterado? ¿No hará nada al respecto? La ley prohíbe que haya dos gasolineras a menos de dos kilómetros de distancia. Pues bien, la que la corrupción perredista construye en Insurgentes 4097 queda a kilómetro y medio de la llamada Gas Leo, ubicada junto al famoso motel que tantos enamorados visitan cuando les gana la urgencia. Una última pregunta: si no mete en cintura a los representantes perredistas de los capitalinos, ¿cómo podrá Ebrard defender la plaza cuando las cosas se pongan color de hormiga?

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