El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, señaló que, si existen pruebas que involucren a la estudiante Lucía Morett en algún ilícito, que se presenten o, de lo contrario, que su situación se aclare debidamente.

Por separado, el abogado de la joven, Hugo Rosas, dijo que los derechos humanos y la seguridad de su defendida fueron vulnerados porque la ficha roja emitida por la Policía Internacional (Interpol) se dio antes de que venciera el plazo de 90 días que tenían para presentar pruebas contra las acusaciones que hace el gobierno de Colombia.

En entrevista al término de la ceremonia en que se homenajeó al ex rector Guillermo Soberón Acevedo por su trayectoria, Narro recordó que en este caso la máxima casa de estudios ya ha hecho lo que le correspondía. Hemos aportado información, nos pronunciamos y cuando los familiares nos han consultado se les ha atendido.

Comentó que personalmente se ha reunido con los padres de Lucía Morett, y lo haré cuantas veces sea necesario. Respecto de la joven acusada por el gobierno de Colombia de delitos relacionados con el crimen organizado y terrorismo, Narro Robles mencionó que Lucía Morett es una estudiante que ha estado concluyendo su ciclo y continúa con sus estudios.

En conferencia, el abogado Hugo Rosas informó que a principios de junio se solicitó a la Interpol la revocación de la ficha roja contra Morett –solicitada por Colombia– debido a que se trata de un asunto político y la normativa del organismo le impide participar en este tipo de casos.

El litigante señaló que el plazo vence en la cuarta semana de octubre, por lo que censuró la publicación de esa categoría contra la única sobreviviente mexicana del ataque del ejército de Colombia contra un campamento que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantenían en Ecuador, por el que murieron cuatro estudiantes mexicanos.

En la conferencia –donde se descartó una posible relación entre la joven y Ramsés Villarreal, detenido por presuntamente participar en ataques a diversas sucursales bancarias– también estuvieron María Jesús Álvarez y Jorge Morett, padres de Lucía, quienes solicitaron a la Interpol reconsiderar su actuación y tomar en cuenta que no sólo se trata de un asunto político, sino que Lucía está siendo injusta e ilegalmente perseguida, aun cuando no es ninguna infractora de la ley, sino una víctima.

Agregaron que no existen pruebas contundentes que acrediten que su hija es responsable de delitos ligados al terrorismo y al crimen organizado –como se le acusa en Colombia–, sino que la persecución en su contra se trata de propaganda que sólo busca la condena pública.

Rosas informó que entre las pruebas que se presentarán ante la Interpol para que se revoque la circular roja destacan documentos notariados donde se acredita su no responsabilidad en los ilícitos que se le señalan y varios videos.

Entre éstos destaca el del interrogatorio al que fue sujeta en Ecuador, donde hubo actos de tortura, y otro de una reunión entre Guillermo Velasco Arzac –quien denunció a la universitaria ante la PGR– y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe donde se entregan supuestas pruebas contra Lucía.

El abogado recordó que al perseguir a Lucía la Interpol actúa contra su propia normativa, de que no puede atender asuntos de orden político.

Subrayó que el gobierno de Ecuador solicitó a la Policía Internacional detener al ex ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, quien junto con Uribe ordenó el bombardeo contra el campamento de las FARC, petición que fue rechazada con el argumento de que se trata de un caso político.

Se trata de los mismos hechos pero con criterios distintos. ¿Por qué se criminaliza a las víctimas y a quienes están en condiciones de debilidad frente al poder y se deja en la impunidad a los verdaderos delincuentes?, sentenciaron los padres de la joven, quienes recordaron que su hija sólo es una víctima que no atentó ni infringió ley alguna ni la seguridad de ningún Estado.

A la conferencia, convocada con el apoyo del Frente Nacional contra la Represión (FNCR) –que ayer cumplió dos años de su refundación– también asistieron la senadora Rosario Ibarra de Piedra, el académico Enrique González Ruiz y otros miembros del FNCR.

El abogado y los padres de la joven informaron que ella se encuentra escondida en México debido a que las autoridades judiciales no garantizan que no pueda ser detenida, aun cuando han señalado que no hay elementos en su contra.

Aseveró que, aunque se ha solicitado a la PGR que se declare acción no penal contra su defendida, nos comentan que no pueden porque están investigando, por lo que pedimos que la citen a declarar para que ofrezcamos pruebas de descargo. Nos dicen que no pueden porque no hay pruebas en su contra. Es por ello que la PGR está administrando el delito, afirmó.

Rosas también explicó que la ficha roja no implica que la Interpol esté obligada a capturar a Morett, ya que para ello se necesita una orden de aprehensión librada por un juez mexicano . Recordó que existen cuatro procesos penales contra la estudiante: dos en México, uno en Colombia y otro en Ecuador.