on el telón de fondo de la inquietud social por el rebrote de la epidemia de influenza A, cuyo antígeno está siendo administrado ya en los países del primer mundo, la Secretaría de Salud (Ssa) federal comenzó en México la Campaña Nacional de Vacunación sin disponer siquiera de dosis suficientes de vacunas contra la gripe estacional, la variante tradicional y más benigna del padecimiento.

En términos coyunturales, la falta del primero de esos medicamentos es explicable pues, ante la gran demanda mundial de estas vacunas, los países que han empezado a producirlas han destinado los primeros lotes a sus propias poblaciones y, en el caso del nuestro, llegarán en diciembre las primeras remesas y se destinarán a sectores prioritarios, como el personal médico y militar, algunos grupos de maestros y personas que se encuentran en situación de riesgo por padecer enfermedades previas.

Con todo, en una visión más amplia, resulta deplorable que el sector público no haya restablecido las unidades de producción de antígenos que fueron desmanteladas en sexenios anteriores, para aplicar las políticas de neoliberalismo salvaje aún en curso, y que ahora los mexicanos deban pasar, en la compra de vacunas en el extranjero, por un compás de espera que costará muchas vidas.

La escasez de vacunas contra la influenza estacional tradicional es mucho más exasperante. La Ssa, que preside José Ángel Córdoba Villalobos, atribuyó la situación a una sobredemanda del tratamiento por parte de la población; ese señalamiento, paradójicamente, pone de manifiesto la responsabilidad de los ciudadanos en el cuidado de su propia salud y, en contraste, la falta de previsión y la ineptitud de las autoridades sanitarias. La sobredemanda argumentada por éstas era absolutamente previsible, habida cuenta del temor colectivo causado por el brote de la epidemia de influenza causada por el virus A/H1N1 y por la avalancha de noticias alarmantes –justificadas o no– sobre la rápida expansión de ese padecimiento en México y en el mundo.

El hecho es que la escasez de antígenos para la influenza estacional coloca a los habitantes del país en una situación de riesgo sanitario que habría podido reducirse, o evitarse, si el gobierno hubiese actuado con más sentido de oportunidad y con más responsabilidad.

Desde otro punto de vista, la falta de una vacuna y las dosis insuficientes de la otra constituyen un mensaje adicional de confusión y zozobra para una sociedad que ha padecido, desde finales de abril pasado, una ambigüedad informativa al respecto, caracterizada por cifras, evaluaciones e instrucciones contradictorias que han minado gravemente la credibilidad gubernamental en un ámbito crítico como es el sector salud; por añadidura, esas deficiencias informativas han dado margen para el surgimiento de sospechas contrapuestas (las autoridades minimizaron la emergencia y actuaron tardíamente ante ella, o bien magnificaron el riesgo con el propósito de desviar la atención de otros asuntos), y han alimentado, con ello, el peor de los ambientes sociales para enfrentar una epidemia: el que se caracteriza por la desinformación, el rumor y el escepticismo ante los anuncios oficiales.

Para colmo, en lo que constituye un chantaje inocultable, el tema de la compra de vacunas en general ha sido usado en el discurso oficial para defender la reciente propuesta gubernamental de un alza generalizada de impuestos, con el razonamiento de que, si no es aprobada, no habrá dinero suficiente para adquirir antígenos.

La actual administración ha generado, por acción o por omisión, situaciones de desastre en materia de economía y de seguridad pública, y ahora parece enfilarse a ha-cer otro tanto en el ámbito de la salud. También en este terreno el cambio de rumbo –o la adopción de uno bien delineado– resulta impostergable.