on su negativa a reconocer a la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el gobierno federal, por medio del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, ha creado un nuevo conflicto en una sociedad que ya los padece en demasía y ha puesto en evidencia la ignorancia de la ley, la doble moral y el sentido pro empresarial y privatizador que orientan la política laboral de la actual administración.

Por principio de cuentas, a la STPS le corresponde otorgar a las organizaciones gremiales la toma de nota, procedimiento administrativo que de ninguna manera faculta a esa dependencia a calificar, convalidar o desconocer procesos electorales internos: estas tareas corresponden a las juntas de Conciliación y Arbitraje y a los organismos jurisdiccionales, en caso de impugnación. Tampoco es función de la secretaría que encabeza Lozano Alarcón pronunciarse por una de las partes, en los conflictos internos en los sindicatos, y mucho menos satanizar u hostilizar a la otra.

Sin embargo, ante el reciente proceso electoral en las filas del SME, la STPS ha pretendido convertir la toma de nota en un instrumento para desconocer a la dirigencia sindical; tomó partido en forma desembozada en una confrontación interna de la organización, magnificó y ahondó la división y encabezó un entorno declarativo de linchamiento en contra del comité ejecutivo de los trabajadores electricistas, encabezado por Martín Esparza.

La dependencia federal no ha actuado en solitario. Como han señalado los electricistas, el hostigamiento de la STPS ha venido acompañado de injerencias de César Nava, actual presidente del partido gobernante; por acciones de provocación de empleados de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública federal; por una injustificable retención de los fondos sindicales por la dirección de Luz y Fuerza del Centro, por un clamor procedente de las cúpulas empresariales que exigen la liquidación del sindicato –y de la empresa– y también, significativamente, por una presentación sistemáticamente distorsionada de los hechos, orientada a crear una imagen negativa de los sindicalizados y de su dirigencia en los medios informativos afines al gobierno federal, que son la gran mayoría.

Con estas circunstancias a la vista, es inverosímil el alegato de que las agresiones de la administración calderonista contra el SME obedecen a una preocupación por la democracia sindical, supuestamente vulnerada en el pasado proceso comicial realizado por esa organización: es inocultable el contraste entre el trato que la STPS y su titular otorgan a los mineros y a los electricistas, por una parte, y la obsecuencia con la que han venido tolerando las trapacerías antidemocráticas, clientelares y corruptas que caracterizan el funcionamiento de los sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), ambos controlados por cúpulas charras que mantienen estrechas alianzas electoreras y de control social con la actual administración. Mientras que Lozano Alarcón negó la toma de nota al SME en forma por demás arbitraria, injustificada e improcedente, sigue empecinado en desacatar sucesivos fallos judiciales que le ordenan (desde hace más de dos años) dejar sin efecto ese mismo trámite administrativo en el caso del secretario general del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, por el desaseo con que éste se hizo relegir al frente del STPRM.

El atropello contra el SME constituye, a juzgar por los elementos disponibles, un acto de venganza política del calderonismo ante una organización gremial que se ha caracterizado por su independencia, así como el primer capítulo de un proyecto que apunta a desmantelar y privatizar Luz y Fuerza del Centro, en concordancia con los dictados empresariales del momento y con los dogmas económicos que siguen orientando a la administración en curso.

Semejantes afanes son por demás peligrosos: el gobierno, abrumado por sus propios fracasos en materia de seguridad y de manejo de la crisis económica, pierde día tras día márgenes de acción política y de gobernabilidad, y las sostenidas provocaciones contra las organizaciones laborales independientes no le ayudarán, ciertamente, a remontar esa tendencia. No debe pasarse por alto, a este respecto, que ayer, en la Cámara de Diputados, el conjunto de las fuerzas políticas, con excepción del PAN, condenó la actuación de Lozano Alarcón contra el sindicato de los electricistas y le exigió un cambio de actitud.

Lo más grave: en el entorno de explosividad social generado por la insuficiente legitimidad de origen y por el subsecuente mal desempeño del calderonismo en casi todos los frentes, el empecinamiento en desmantelar sindicatos y empresas públicas viene a ser una cubetada adicional de gasolina.

En tal circunstancia, resulta imperativo que el propio titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, cobre conciencia de los riesgos de esta cruzada antisindical, anteponga los intereses de la nación a los apetitos privatizadores empresariales, refrene a sus belicosos colaboradores y ordene el cese del hostigamiento y de las provocaciones contra el SME.