i no fuera un asunto tan serio, dramático inclusive, sería motivo de una buena carcajada. El presidente del empleo decidió despedir mediante decreto a 54 mil empleados: 44 mil sindicalizados y alrededor de 10 mil de confianza de Luz y Fuerza del Centro. Había fracasado el intento del secretario del Trabajo, Javier Lozano, de darle cuello a la dirigencia sindical que encabeza Martín Esparza, fueron muchos meses de vanos intentos por imponer a un comité espurio. Llegó al extremo de desconocer el resultado de las elecciones que favorecieron a Esparza. En medio de la tensión provocada por la intervención del gobierno, el jueves pasado el sindicato anunció que emplazaría a huelga en los próximos días a la compañía, por considerar que estaba violando el contrato de trabajo al no entregarle los fondos que le corresponden. Hubiera sido una aberración jurídica y política que el gobierno liquidara una empresa en proceso de huelga. Decidió anticiparse y por decreto ejecutó a Luz y Fuerza del Centro la madrugada del domingo 11 de octubre, apoyado por la tropa y la Policía Federal.

Por encima de la ley

¿Puede ser liquidada por el patrón una empresa pública o privada que tiene un contrato de trabajo con un sindicato? Sí, pero cumpliendo previamente requisitos legales fundamentales. Primero, deben existir una o varias causales establecidas por la ley. Y un convenio con el sindicato, que debe consultar la opinión de sus miembros. Evidentemente, en la ejecución de la compañía eléctrica no se cumplieron los requisitos, fue atropellado el marco constitucional y legal. Hay otro elemento: ¿puede, unilateralmente, el Poder Ejecutivo modificar el capítulo del presupuesto del año en curso para liquidar a la compañía, sin autorización del Congreso? Y todavía más: ¿le está permitido disponer de 20 mil millones de pesos del presupuesto federal para el pago de indemnizaciones, como está anunciando, sin autorización del mismo Poder Legislativo? La Unión de Juristas de México opina que no en algunas de estas preguntas. Recomienda que cada trabajador presente una demanda de amparo, además del recurso de inconstitucionalidad que el sindicato promoverá.

Las sinrazones

Las razones extrajurídicas que se expresan en el decreto de ejecución no resisten un examen serio. Por ejemplo, arguye su comprobada ineficiencia operativa y financiera. Caray, ¿por qué no liquidan también a Pemex, la CFE y el ISSSTE? Son otros casos de comprobada ineficiencia, aunque, eso sí, tienen sindicatos charros. Se advierte que los redactores tienen una lengua blindada, no les sangra aunque se la muerdan, porque agrega que el gobierno ha venido haciendo importantes transferencias a la compañía de luz. De 2001 a 2008 tales transferencias se incrementaron más de 200 por ciento, y para el presente ejercicio serán del orden de 41 mil 945 millones. Ésa es la suma aproximada que la Secretaría de Hacienda propone en el presupuesto 2010 para el pago de intereses de la deuda del Fobaproa/IPAB. ¿También cancelará esa transferencia o es que los banqueros tienen un estatus distinto?

Paredes & Paredes

El PRI vino a quedar en una situación incómoda. PAN y PRD fijaron sus posiciones inmediatamente: el primero en favor del decreto, el segundo en contra. Para los capos priístas no resulta fácil. Un presidente surgido de su partido, Adolfo López Mateos, realizó la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960. De entonces a la fecha han cambiado las circunstancias: hoy día, 30% de la electricidad es producida por empresas privadas, es decir, se está revirtiendo la nacionalización. Saben los tricolores que la liquidación de LFC es otro paso en esa dirección. Pero en este momento lo importante para ellos es recuperar el botín que perdieron el año 2000, la Presidencia de la República, y no quieren molestar a los grandes empresarios. No son familiares, sin embargo, sus posiciones los emparentan con frecuencia. Se trata de Beatriz Paredes, del PRI, y Armando Paredes, del Consejo Coordinador Empresarial. Ésta puede ser otra oportunidad para que expresen sus coincidencias.

Alienta

Están surgiendo nuevas iniciativas referidas al presupuesto del gobierno federal, inclusive propuestas de la sociedad civil. Una de ellas consiste en subir el precio de los cigarrillos, en vez de aumentar el de los alimentos y las medicinas. Tiene sentido. La propuesta es muy concreta: aumentar siete pesos a cada cajetilla de cigarros, sin importar la marca. La propuesta parte de Alienta, y mejora la iniciativa del gobierno de gravar sólo con un peso cada cajetilla. Piensan que ésa es una forma velada de proteger al duopolio tabacalero, formado por BAT y Cigatam, ya que un peso es algo que el fumador puede pagar.

e@Vox Populi

Asunto: cerillos

Uno de mis sobrinos se desempeña como cerillo en el Superama ubicado en Miguel Ángel de Quevedo y Pacífico, en la delegación Coyoacán, y me dice que la supervisora, de nombre Claudia Vadillo, los pone a realizar tareas a las que no están obligados, como entregar las bolsas de hielo a los clientes, recoger las canastas metálicas o que vayan a traer alguna mercancía que olvidó algún cliente. Asimismo, en ocasiones los deja fuera de las cajas y pone en su lugar a personal de Superentrega o de intendencia, que sí trabaja en Superama y percibe un sueldo. Los niños no pueden protestar, desobedecer o quejarse con el gerente, porque los amenaza con correrlos. ¿Habrá alguna instancia a la cual recurrir por abusos como éstos?

Roberto Chávez Sánchez/Distrito Federal

R: La Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo. En vez de prender incendios en los sindicatos, el panismo debería promover una ley de protección a niños y ancianos que trabajan en los supermercados.

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