odos estamos de acuerdo en que México pasa por una crisis económica en la que los más pobres llevan la peor parte, las clases medias emigran poco a poco hacia los sectores pobres, y 5 por ciento de los muy ricos ni sudan ni se acongojan: sus altos sueldos sí son de la clase política, no se modifican, y si pertenecen al sector empresarial la libran subiendo precios y bajando costos, sin preocuparse a quién se llevan entre las patas.
También estamos de acuerdo en que se requiere tomar medidas urgentes para salir avante; para ello hay varias propuestas: la del titular del Ejecutivo, cuya elección está en tela de juicio, consiste en subir indiscriminadamente los impuestos al consumo y levemente a las utilidades o ganancias.
La propuesta es muy poco imaginativa; se parece mucho a aquellas las que recurrían los gobiernos priístas cuando se veían en aprietos les cargaban la mano a quienes ya estaban pagando sin ninguna consideración con los marginados de la sociedad. Se pretende gravar bebidas, cigarros, celulares y, lo más injusto y arbitrario: un aumento de 2 por ciento general, independientemente de cómo se le quiera denominar u ocultar, al impuesto al consumo, con lo que llegaría a 17 por ciento. Debemos recordar que este impuesto, que hoy se llama en forma equívoca al valor agregado
, pretendiendo con ello ocultar su verdadera naturaleza, se inició con un modesto 4 por ciento y se llamaba impuesto a los ingresos mercantiles
, y se pretende elevar en forma verdaderamente agresiva en unos cuantos años.
Es un lugar común decir que a nadie le gusta pagar impuestos; algunos pocos se pueden salir con la suya y no lo hacen, o bien consultan con un despacho con derecho de picaporte en algunas secretarías de Estado y en algunos altos tribunales y consiguen que les devuelvan lo pagado y aún más. Es también un lugar común decir que los impuestos son indispensables para que la sociedad organizada políticamente en Estado pueda subsistir.
Nuestra Constitución establece en su artículo 31 como obligaciones de todos, entre otras: Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes
.
Se ha discutido mucho sobre los alcances de las dos características que deben tener nuestros impuestos, la proporcionalidad y la equidad; de entrada se puede afirmar que no hay equidad cuando una fracción muy pequeña del todo social es la que cubre la mayor parte de las contribuciones. Equitativo sería que ninguna persona dejara de contribuir en la carga común del sostenimiento social; la equidad absoluta es un ideal al que las leyes impositivas deben acercarse lo más posible.
La proporcionalidad se entiende en el sentido de que quienes más tienen deben pagar más; quienes tienen menos deben pagar menos, y no deben de pagar nada quienes no tengan ni ingresos ni bienes; desde este punto de vista, los impuestos al ingreso –como lo es en México el impuesto sobre la renta– son los que permiten acercarnos más a esta regla que exige la proporcionalidad.
Es proporcional que quienes ganan apenas para vivir, salarios mínimos y anexas, no paguen nada, mientras que los que obtienen utilidades muy elevadas paguen porcentajes más altos. Actualmente el tope hacia arriba en el impuesto sobre la renta es de 28 por ciento sobre utilidades o ganancias, y sabiendo de las grandes fortunas que se han amasado en este país es lógico que se pueda pensar en rebasar este tope hacia arriba, aumentando las tasas en los renglones más altos.
Por supuesto que quienes se han engrandecido por no pagar impuestos o por pagar muy poco se opondrán y moverán a sus abogados y gestores para influir en quienes tengan que decidir; sabremos en su momento qué diputados van a resistir las invitaciones de lujo, los regalos ostentosos y el trato amistoso de los poderosos y cuáles se van a dejar avasallar por esa práctica enemiga del bien común que se ha dado en llamar lobbing y que tan sólo busca, evidentemente, el bien de unos pocos..
El impuesto más inequitativo y desproporcionado es el impuesto al consumo; en él todos pagan lo mismo al adquirir un producto, con 4 por ciento antes, 15 por ciento ahora, y (ojalá no sea así) 17 por ciento próximamente. Pobres y ricos, al adquirir un producto gravado con IVA, pagan exactamente lo mismo, así sea que el primero con ese pago se quede sin comer y el segundo ni siquiera se entere de que pagó.
Por este motivo, es importante insistir en que por simple justicia, que es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, no debe incrementarse el impuesto al consumo; si se hace va a producir efectos sociales de descontento cuya dimensión no podemos medir y sin duda acorralará a los que menos tienen en un callejón sin salida. Decía un político de antaño: nunca te metas en un callejón sin salida, pero menos metas a tu enemigo en él porque para salvarse va a defenderse con toda la violencia que genera la desesperación.
