costumbrado a dictar y excluir, el poder oligárquico mediático argentino acaba de sufrir un importante revés histórico y político: la democratísima Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (o ley de medios), aprobada por un amplio espectro de fuerzas del oficialismo y la oposición civilizada que, movilizadas, siguieron en las calles el debate del Senado por más de 20 horas consecutivas.

A juicio de Frank La Rue (relator de la ONU para la libertad de expresión en el mundo), la nueva ley de medios que sepulta la impuesta en la época del terrorismo de Estado (1980) representa uno de los marcos legales más avanzados en comunicación y caso testigo de democratización del mapa de medios en América Latina.

En adelante, los responsables de los medios deberán mantener una carpeta de acceso público donde figure toda la información relevante de la empresa. Para ser titular de una licencia se evaluarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tendrán asignadas frecuencias, y las universidades podrán tener emisoras sin restricciones.

La nueva ley de medios decreta que los derechos exclusivos de transmisión del futbol no perjudicarán el derecho de los ciudadanos a seguir los partidos en directo y de manera gratuita. El tiempo de publicidad en la televisión de paga estará reglamentado y, a semejanza de países como Canadá, habrá medidas parafiscales para desalentar la inversión de publicidad en el exterior del país. Por tanto, los grandes medios corporativos ya no podrán deducir del impuesto a las ganancias, lo invertido en publicidad en el extranjero.

Por otro lado, las entidades sin fines de lucro podrán tener licencias de radiodifusión y televisión: 33 por ciento del espectro para asociaciones, fundaciones, cooperativas, universidades, sindicatos, gremios, etcétera. El Estado y el sector privado, respectivamente, gozarán de otro 33 por ciento.

¿Quiénes redactaron la nueva ley? ¿El gobierno de los Kirchner, como sibilina y perversamente repiten el poder mediático oligárquico, la Sociedad Interamericana de Prensa y sus coros en el continente? Negativo. A más de recoger la complejidad de la sociedad argentina, la nueva ley de medios fue pensada, fundamentada, decantada y elaborada durante más de un cuarto de siglo por millares de anónimos trabajadores de la cultura, intelectuales de la comunicación, periodistas, organismos no gubernamentales, universidades públicas y hasta algunas privadas.

En cuanto a la libertad de expresión, ningún artículo de la ley (144 en total) hace alusión alguna, siquiera inducida, a la limitación de contenidos. En cambio, abundan varios artículos que defienden la libertad de expresión y, sobre todo, la libertad de expresión de los periodistas. Invitado por el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería, La Rue había observado: Este proyecto de ley sigue los principios clásicos de la libertad de expresión en el mundo.

El experto de la ONU agregó: La libertad de expresión es un derecho individual y un derecho colectivo. Es un derecho de las personas y de los pueblos. Un derecho de todos, cualquiera sea su posición ideológica y su posición social.

Pero quizá lo trascendente de la nueva ley fue expresado por la presidenta Fernández en mensaje transmitido por cadena nacional, el 28 de agosto pasado: “… Lejos de ser un proyecto del gobierno o de un partido político es de la sociedad, y también de los 118 periodistas detenidos desaparecidos durante la dictadura, que con su vida dieron testimonio de lo que es el verdadero ejercicio de la libertad de expresión”. Añadió: “No hay que confundir libertad de prensa con la libertad de los propietarios de la prensa… Si ningún gobierno había podido aprobar antes un proyecto de este tenor era porque había un suprapoder en la Argentina. Esto significa que por sobre los poderes de la Constitución, hay otros poderes que tienen suficiente fuerza para imponer decisiones en cualquiera de los tres poderes, a partir de la presión”.

El derecho a la comunicación y a la información, triunfo del campo nacional y popular, es un hecho en Argentina. Y a partir de ahora empieza lo más difícil: que la ley se cumpla, impidiendo la formación de monopolios y oligopolios, desconcentrando la propiedad de los medios, y cumpliendo con los porcentajes de transmisión que la ley prevé para la difusión de la música, el cine y la obra de los creadores y artistas nacionales.

La derecha argentina y el bloque agrario dominante están que trinan.

Daniel Paz y Rudy, moneros del periódico Página 12, de Buenos Aires, resumieron en pocas palabras el desafío. Un par de personajes platican:

–La oposición dice que peligra la libertad de expresión y el pluralismo.

–¡Pero si 80 por ciento de los diarios, radios y canales son opositores!

–Justamente.