ecenas de miles de integrantes de organizaciones sindicales, campesinas, populares y estudiantiles del país se congregaron ayer en el Zócalo de la ciudad de México y manifestaron su repudio al asalto de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la posterior liquidación de la compañía, decretada en los primeros minutos del pasado domingo. Quedó de manifiesto así un rechazo contundente de dichos sectores a una medida que se consumó en forma por demás arbitraria, de espaldas a la sociedad y al margen de la legalidad: como han expresado distintos especialistas en temas jurídicos, la decisión de desaparecer LFC careció de bases, pues no existía amenaza de huelga ni el servicio estaba en riesgo, y para extinguirla con el argumento de su inviabilidad financiera habría sido necesario llevar a cabo un juicio de conflicto colectivo de naturaleza económica, cosa que no sucedió.

Durante el mitin, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, anunció que, gracias a la intervención del Gobierno del Distrito Federal, la administración calderonista había accedido a establecer una mesa de diálogo a partir de hoy. Por la noche, el gobierno federal reiteró su disposición al diálogo y confirmó que hoy se instalará una mesa de negociación con el sindicato, pero precisó que ésta tendría por objeto explorar alternativas de reinserción laboral, así como para velar por el estricto cumplimiento de los derechos de los trabajadores de LFC, con lo que dejó en claro que no pretende dar marcha atrás en la liquidación de la compañía.

Habría sido deseable, ante las expresiones de inconformidad social que ha detonado la decisión gubernamental, que las autoridades federales exhibieran una actitud más abierta y sensible a tales reclamos, y que procedieran, en consecuencia, a emprender un diálogo efectivo. En ese sentido, la respuesta del gobierno federal es desalentadora: los trabajadores del SME no piden alternativas de reinserción laboral sino la recuperación de sus puestos de trabajo y la derogación de un decreto que atenta, precisamente, contra el estricto cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

Por añadidura, la supuesta disposición de la administración calderonista al diálogo se ve empañada por su persistencia en presentar a los trabajadores de la extinta compañía paraestatal como un sector privilegiado, ineficiente, beneficiado con prestaciones injustificables y oneroso para el país. Es necesario reiterarlo: contrario a lo que se afirma desde el discurso oficial, los trabajadores de esa empresa no constituyen una minoría privilegiada; su ingreso promedio asciende, como se informó ayer en este diario, a poco más de 6 mil pesos mensuales, monto que incluso se ubica por debajo de la media nacional.

No puede soslayarse que los empeños gubernamentales por denostar al SME tienen como telón de fondo un proyecto económico que preconiza el desmantelamiento de las conquistas y las asociaciones sindicales, incentiva la proliferación de mecanismos como el de la subcontratación, ha llevado el poder adquisitivo de los salarios a niveles raquíticos y destruido los mecanismos de bienestar social. A lo como puede verse, resulta inconcebible para la arrogancia tecnocrática que ha caracterizado a las recientes administraciones que los empleados cuenten con prerrogativas laborales favorables y que estén dispuestos a organizarse para defender sus puestos de trabajo.

En suma, cualquier diálogo que se establezca entre los empleados de LFC y las autoridades estará destinado al fracaso en la medida en que no sea precedido por una voluntad efectiva de las segundas para abandonar la campaña de linchamiento mediático que han emprendido en contra del SME, y reconocer de cara a la sociedad que los factores que derivaron en la difícil situación que atraviesa la compañía no son achacables por entero al sindicato, sino que se gestaron en los malos manejos administrativos de la empresa y en la astringencia presupuestaria que se le ha impuesto en las pasadas décadas. La circunstancia presente demanda que el Presidente y su gabinete demuestren voluntad política para escuchar los reclamos de un sector amplio de la ciudadanía, y que privilegie el diálogo y la política por encima del hostigamiento y la confrontación.