ontrastes de la fiesta: durante la semana, mientras un cumplido funcionario público de Tlaxcala quería comprar en la Plaza México seis derechos de apartado de barrera de primera fila, con un valor de 700 mil pesos cada uno, el alcalde de Apizaco, Alejandro Ortiz Zamora, ponía en venta la plaza monumental de esa ciudad o en su defecto trataría de ofrecerla en concesión a una empresa que la haga productiva (como las del resto del país, cabe decir).

Sólido y cómodo inmueble con 7 mil localidades y una isóptica magnífica (adecuada inclinación de las gradas para una apreciación óptima del redondel), construido en 1986 por el arquitecto Mario del Olmo, padre del matador en retiro del mismo nombre, y propiedad del Ayuntamiento, la puesta en venta del coso apizaquense evidencia la insensibilidad de los gobiernos municipales, estatales y federal para entender la tradición taurina de México como un valor cultural, económico y político.

A ello se añade una especie de injustificada sacralización de los recintos taurinos que ha circunscrito su actividad a la función taurina, desaprovechando la utilización de los mismos para un amplio espectro de espectáculos, tan amplio como la imaginación del responsable en turno lo permita.

Reflejo del país donde está inmersa, la fiesta de toros acusa siempre los rasgos de una sociedad y de un sistema político-cultural concreto, trátese de Europa o de América Latina, de una dictadura o de una democracia, de una economía floreciente o en crisis.

Por ello, en vísperas de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y de la Revolución, la fiesta de los toros en México, salvo confirmadoras excepciones, acusa una creciente dependencia y una preocu- pante involución, como el país mismo.

Sin un sistema de licitación transparente que periódicamente convoque a empresarios con propuestas de aprovechamiento del inmueble por un tiempo determinado, en el que tanto el inversionista como el municipio y la población obtengan beneficios respectivos, las plazas de toros del país son penosa muestra de la poca imaginación de gobernantes y gobernados, algunos de éstos hasta con ocho plazas, que no sólo no saben qué hacer con ellas, salvo dar unas cuantos festejos en el año, sino que además sistemáticamente se niegan a alquilarlas. De no creerse tanta mezquindad seudoempresarial.

Ojalá el ayuntamiento de Apizaco sepa encontrar la fórmula para no deshacerse de un bien que en su momento pagó la ciudadanía y luego tenga que lamentar los criterios de utilización del nuevo propietario, como ocurrió con la plaza monumental de Aguascalientes.

No se pierda mañana la primera entrevista que el empresario de la Plaza México, Rafael Herrerías Olea, concede a La Jornada desde que está al frente de dicho coso.