Zacatecas, Zac., 18 de octubre. La gobernadora Amalia García Medina firmó, sin autorización expresa del Congreso local, un contrato de proyecto de prestación de servicios (PPS) a largo plazo, por el cual heredará una deuda superior a 2 mil 400 millones de pesos a las próximas cuatro administraciones estatales.

Por conducto del oficial mayor de gobierno, Eduardo Ruiz Fierro, Amalia García firmó un contrato con la empresa L. L. Operaciones y Servicios –del cual La Jornada tiene copia–, a la cual cedió la construcción de la llamada Ciudad Gobierno: un conjunto de edificios que albergará 18 secretarías y direcciones en un predio de 22 hectáreas propiedad de la administración estatal, en el cerro del Gato, en la salida norte de esta capital.

Con la firma del contrato 61056002-012-07, García Medina dejó fuera a la Secretaría de Obras Públicas y eludió la Ley de Obra Pública del estado. Además, provocó inconformidad entre constructores locales, porque la empresa ganadora se creó dos días antes de que se emitiera la convocatoria pública y no tiene experiencia en la construcción y operación de inmuebles.

En el domicilio fiscal de L. L. Operaciones, ubicado en el edificio Alfa del fraccionamiento Bosques del Prado, de la ciudad de Aguascalientes, opera Li Financiera, correduría que encabezan los hermanos Héctor, Luis Jaime, Carlos Alberto, José Manuel y Oscar Humberto Lomelí Ibarra.

L. L. Operaciones y Servicios es concentradora de otras firmas subcontratadas para realizar el trabajo, como la regiomontana Construcciones Maiz, que edifica la mayoría de los edificios de la Ciudad Gobierno de Zacatecas.

En enero de 2007, y con apoyo de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que es mayoría en el Congreso de Zacatecas, la gobernadora promovió reformas que autorizaron los proyectos de prestación de servicios. Los mismos diputados de la 58 Legislatura (2004-2007) aprobaron en la última sesión de su gestión, el 29 de agosto de 2007, el decreto 533, que autoriza indirectamente a Amalia García Medina a endeudarse a costa de presupuestos futuros: “Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del estado a afectar como fuente de pago alterna (…) un porcentaje necesario y suficiente de los ingresos y derechos derivados de las participaciones presentes y futuras que le corresponden al estado de Zacatecas”.

Seis días después, el 4 de septiembre de 2007, la empresa L. L. Operaciones y Servicios quedó legalmente constituida en la capital de Aguascalientes, con Pedro Lara Rojas como representante legal.

Dos días más tarde, la oficialía mayor del gobierno de Zacatecas publicó la convocatoria y las bases de la licitación pública para el proyecto. Al mes siguiente, el 29 de octubre, Eduardo Ruiz Fierro dio a conocer que L. L. Operaciones y Servicios había ganado el concurso.

El 27 de noviembre de 2007, sin informar a la legislatura –que inició labores en septiembre de ese año– sobre el contenido, cláusulas y obligaciones financieras que estaba por adquirir, Ruiz Fierro firmó con el aval de Amalia García Medina el contrato del proyecto, con una vigencia de 22 años.