l pasado fin de semana, un choque entre dos bandas de narcotraficantes generó una escalada de violencia en la favela Morro dos Macacos, al norte de Río de Janeiro, Brasil. Los enfrentamientos, que duraron varias horas, dejaron 17 muertos, entre ellos dos policías. Ante la gravedad del escenario, las autoridades de seguridad locales ordenaron ayer el despliegue de 4 mil 500 efectivos policiacos adicionales para reforzar las tareas de vigilancia en la zona.
El hecho que se comenta no es nuevo, si bien adquiere notoriedad particular tras el nombramiento de la ciudad carioca como sede olímpica para 2016. Las expresiones de violencia urbana, principalmente derivadas de los choques entre grupos antagónicos del crimen organizado, o bien entre éstos y la policía, forman parte del escenario habitual de las 900 favelas situadas en las montañas que rodean Río de Janeiro. Tan sólo el año pasado unas mil 100 personas fue- ron ultimadas en enfrentamientos con la policía bajo el cargo de resistir el arresto
, circunstancia que ha llevado a organizaciones humanitarias a denunciar brutalidad policiaca
.
Detrás de estos alarmantes datos se percibe un tejido social destruido como resultado de la pobreza, la marginación y la exclusión de los derechos fundamentales que padecen amplias franjas de la población brasileña. Significativamente, pese al notable y sostenido crecimiento económico que ha registrado en los últimos años –un desarrollo apalancado por la disponibilidad de grandes reservas petroleras–, Brasil se sigue ubicando como el país más desigual de América Latina, según el último informe de desarrollo humano de la Organización de Naciones Unidas.
Pero los factores de índole social no son los únicos que subyacen en las expresiones de violencia criminal en Brasil: éstas se ven también alimentadas por la corrupción que sigue enquistada en las instituciones públicas de aquel país, pese a los esfuerzos de las autoridades por erradicarla, y que se refleja particularmente en la falta de control sobre el flujo ilegal de armas de fuego: según investigaciones de la organización no gubernamental Viva Río, el crimen organizado en Brasil podría disponer, en estos momentos, de aproximadamente cuatro millones de armas ilegales.
Los elementos de juicio mencionados conducen a una conclusión inevitable: la solución a los problemas de violencia e inseguridad que enfrenta Río de Janeiro –y Brasil, en general– no se podrán solucionar en la medida en que no se atiendan sus causas originarias, como la pobreza, la marginación, la desigualdad y la corrupción de las corporaciones policiales. Tal tarea, sin embargo, no parece sencilla para un país en cuyas elites conservadoras persiste una tendencia a criminalizar, aislar y aun aniquilar a la pobreza y a los pobres.
Dicha lógica, que fue llevada al extremo con los tristemente célebres escuadrones de la muerte –consagrados a asesinar niños de la calle e indigentes–, ha sido al parecer retomada por el gobierno local de Río de Janeiro, el cual planteó hace unos meses construir un muro alrededor de las favelas de la localidad carioca ante el repudio de amplios sectores de la opinión pública, que calificaron de discriminatoria dicha pretensión.
En suma, nada garantiza que las autoridades brasileñas puedan erradicar la problemática que enfrenta Río de Janeiro con la aplicación de medidas meramente policiales: éstas podrán ser efectivas en lo inmediato, e incluso garantizar la realización de las actividades deportivas mencionadas, pero las causas originarias de la violencia delictiva irán resurgiendo inevitablemente con el tiempo si no se les atiende en forma cabal y oportuna.
