Bogotá, 18 de octubre. Las autoridades de Colombia investigan unos mil 273 asesinatos de civiles atribuidos a militares, aunque se cree que serían más de dos mil las víctimas de elementos del ejército, que presentaron a inocentes como guerrilleros abatidos en combate, en lo que se ha definido como falsos positivos, señaló este domingo el diario El Tiempo.

El rotativo añadió, al citar fuentes de la fiscalía, que 48 de esos militares se exponen a una pena de 60 años de prisión cada uno.

La fiscalía solicitará a la justicia imponer ese castigo a dos coroneles, un mayor y otros 45 miembros del ejército implicados en un escándalo de violación de los derechos humanos conocido en Colombia como los falsos positivos (en el lenguaje militar un positivo se refiere a dar muerte a un enemigo en combate) que estalló hace un año en la ciudad de Soacha, próxima a Bogotá.

Según el diario, el organismo está listo para acusar a los militares por 13 de los más de 30 asesinatos de jóvenes reclutados en Soacha y llevados a diversas regiones del noreste del país, donde fueron presentados por los jefes militares como guerrilleros izquierdistas abatidos en combate.

Los militares enfrentan cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir (conspiración), desaparición forzada y falsedad, indicó El Tiempo.

Una fuente de la fiscalía dijo por teléfono a Afp que no podía corroborar la versión del periódico, pero indicó que el organismo se dispone a realizar acciones concretas en el caso de los falsos positivos.

El anuncio de la inminente acusación contra los militares ocurre en momentos en que entidades humanitarias denuncian que la impunidad se cierne sobre el caso de Soacha, uno de los más graves ocurridos durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, en el poder desde agosto de 2002, quien lleva a cabo una política de seguridad democrática contra los grupos armados ilegales.

El viceministro colombiano de Defensa, Sergio Jaramillo, declaró a El Tiempo que el gobierno ha realizado acciones efectivas para corregir las fallas y dijo que la investigación oficial del caso de Soacha determinó que se incumplieron los reglamentos y procedimientos militares más básicos.

A raíz del escándalo de los falsos positivos han sido destituidos, desde noviembre de 2008, decenas de militares, entre ellos cuatro generales.

En otro asunto, el embajador de Venezuela en Bogotá, Gustavo Márquez, solicitó este domingo que se revele el acuerdo mediante el cual Estados Unidos utilizaría siete bases militares colombianas, lo que se vería como un buen paso para aliviar las tensiones que ese hecho ha generado en la región.

Es importante que se despejen las dudas y que se dé a conocer el texto del acuerdo, señaló Márquez a la edición electrónica del diario bogotano El Espectador.

Añadió que Caracas considera que no hubo claridad en el acuerdo militar entre Bogotá y Washington, y que esa falta de transparencia genera desconfianza.

Márquez declaró que aunque cada país es soberano al escoger a sus socios, el pacto de cooperación entre Bogotá y Washington genera preocupaciones porque el imperio estadunidense tiene un plan y lo está desplegando en Suramérica.

Los gobiernos de Bogotá y Washington señalaron hace dos meses que estaban concluidas las negociaciones para la utilización de militares estadunidenses de las siete bases colombianas, aunque el acuerdo se desconoce oficialmente.