Nueve de los 27 aspirantes a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) coincidieron ayer ante senadores en que se necesita dar a la institución mayor autonomía, independencia, austeridad en el gasto y transparencia en las quejas. Las comisiones senatoriales de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos Primera escucharon durante cinco horas esas propuestas de los primeros candidatos examinados.

Este lunes comparecieron María del Carmen Acosta Jiménez, Mario Álvarez Ledezma, Emilio Álvarez Icaza Longoria, José Miguel Arriaga Bulloli, Daniel Balboa Verduzco, Jesús Javier Cruz Velázquez, Luis de la Barreda Solórzano, Mauricio Farah Gebara y José Francisco Gallardo Rodríguez.

El Partido Acción Nacional cuestionó a Álvarez Icaza respecto de su posición sobre el aborto. Respondió: “Lo que guía la actuación de un hombre de Estado es el apego a la Constitución y a las normas e instituciones que lo rigen; ése es el marco bajo el cual se desempeña. Hay una serie de instrumentos que forman parte del derecho interno por medio de convenciones e instrumentos jurídicos. Ése es el marco de referencia, yo no tengo por qué estar inventando derechos.

“Los derechos ahí están plasmados. El debate que se dio en el proceso –de la controversia contra la interrupción del embarazo– tiene que ver con la constitucionalidad de las normas, yo me apego a lo que los tribunales y la Suprema Corte resolvieron. Ése es el debate.”

También se le cuestionó sobre la opinión de la jerarquía católica que lo vetó. Yo respeto la opinión de los ministros de culto de cualquier Iglesia. Ésa es justamente la función de un hombre de Estado. El ex ombudsman del Distrito Federal puntualizó: las opiniones personales que pueda tener un funcionario, sus creencias, por muy válidas que se puedan considerar, tienen que estar sometidas a lo que diga la Constitución.

Espero que eso se corrija

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Ibarra de Piedra, cuestionó a Luis de la Barreda Solórzano, también ex ombudsman de la ciudad de México: “usted defendió a su señor padre, como el abogado Nazar Haro defendió también a su padre, así como las 557 mujeres defendemos a nuestros hijos desaparecidos. ¿Qué haría usted si se enterara de una desaparición forzada? ¿Qué haría para evitarlo y para que se resolvieran las cosas del pasado, que no se disfrace de levantones y se culpe al narco, como hizo la Dirección Federal Seguridad (DFS)? No lo estoy culpando a usted”.

De la Barreda, primer titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sostuvo: Estoy muy orgulloso de haber defendido a mi padre. Todas las acusaciones fueron echadas abajo. Desde luego que estoy convencido de que los autores de las desapariciones deben ser castigados, al igual que los que ametrallaron y dispararon a policías y soldados.

Puso un ejemplo: “Haré lo que hice cuando fui ombudsman capitalino. Cuando desapareció el hijo de Jorge Bustamante, nosotros descubrimos que había sido levantado por un automóvil militar, aunque era competencia de la CNDH, nosotros lo descubrimos y lo dijimos, y eso tuvo como resultado que apareciera con vida”.

La senadora Ibarra le reviró: Tuve en mi poder el parte que rindió su señor padre a Mario Moya Palencia. Sobre la DFS, que era un organismo ilegal, donde se cometieron torturas y desapariciones. Espero que eso se corrija.

El ex quinto visitador de la CNDH, Mauricio Farah Gebara, fue cuestionado por el PAN y el PRD, porque en su propuesta manifestó: Reforzaré la cuarta visitaduría de derechos indígenas para que conozca violaciones de discapacitados, grupos vulnerables y enfermos con VIH/sida, entre otros.

El perredista Pablo Gómez le señaló que consideraba ofensivo que a los pueblos indígenas los considerara vulnerables y, además, es falso y sería una calumnia lo que usted ha dicho, que sean grupos vulnerables porque venden a sus hijas. Sí, son un grupo vulnerable porque carecen de derechos, pero no son un grupo, son un pueblo, y son vulnerados, pero no tienen ninguna de minusvalía.

Farah Gebara dijo que la CNDH tiene debilidades institucionales que deben ser subsanadas. Explicó que sostenía que los indígenas son vulnerables porque en muchos de los casos no conocen cuáles son sus derechos humanos y también porque los indígenas venden a sus hijas, tienen problemas con radios comunitarias, recienten abusos de autoridades locales y federales.

También los senadores cuestionaron al ex subprocurador de Derechos Humanos Mario Álvarez Ledesma por su trabajo con las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, Chihuahua, y por sus diferencias con la fiscal María Urbina. Manifestó que los delitos eran del orden común, no del federal, por ello no podía atraerlos a la Procuraduría General de la República, de haberlo hecho habría generado impunidad. Y manifestó que pidió que fueran consignadas las averiguaciones por homicidio, “no por feminicidio, porque eso no procedía”.