Montevideo, 22 de octubre. El ex jefe del ejército y ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez fue condenado hoy a 25 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de decenas de militantes opositores durante la última dictadura (1973-1985).

La sentencia del magistrado Luis Charles incluye también la pena de 20 años de cárcel para el marino retirado Juan Carlos Larcebeau, quien este jueves declaró ante la sede judicial.

En diciembre de 2007, Alvarez fue procesado con prisión por el delito de homicidio especialmente agravado en el caso de 37 militantes, mientras que el marino está acusado de 29 homicidios.

Alvarez no se presentó hoy a la justicia por presuntos problemas de salud, por lo cual se dispuso que lo visite un médico forense y se le notifique la sentencia en la cárcel donde está recluido.

El abogado Oscar López Goldaracena, quien cobró notoriedad en Uruguay cuando promovió la causa contra el general Alvarez, comentó hoy ante la prensa que este fallo de la justicia civil es una dignificación de las víctimas.

Gregorio Alvarez, conocido en Uruguay por su apodo de Goyo, fue jefe del ejército y asumió la presidencia del gobierno militar en el último tramo, entre 1981 y 1985, y es una de las figuras más representativas de la dictadura.

El fallo de la justicia se produce días después de que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional una legislacion que prohíbe juicios a militares para un caso específico y a tres días de que los uruguayos voten en referendo para anular la norma durante la elección presidencial, en la que se anticipa que el candidato oficialista José Mujica se impondrá, aunque posiblemente vaya a segunda vuelta al no conseguir 50 por ciento más uno de los votos.

El ex presidente Luis Alberto Lacalle figura como segundo en las intenciones de votos.

La llamada ley de caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en un plebiscito en 1989, perdonó los delitos cometidos por militares y policías durante la última dictadura militar, aunque dejó un flanco para el juzgamiento de algunos responsables de crímenes.

El artículo 4 habilita al Poder Ejecutivo a investigar denuncias referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones.