l pasado 8 de octubre el legislador José Narro Céspedes presentó al pleno del Congreso de la Unión un punto de acuerdo acerca de las actividades que realiza en territorio de Baja California la trasnacional Sempra Energy en colusión con los gobiernos –en su momento– de Vicente Fox y Eugenio Elorduy.
Para quienes hemos dado seguimiento al hecho desde que los gobiernos federal y estatal decidieran desde el pasado sexenio convertir a Baja California en el suministrador de energía eléctrica y gas natural al sur de Estados Unidos o –dicho con otras palabras: en el cuarto de máquinas del país vecino– no podemos dejar de reconocer que la argumentación de Narro Céspedes es impecable.
Expuso que Donald E. Felsinger, director y presidente de la junta de directores de Sempra Energy, encontró una república bananera
o el nicho regulatorio para introducir gas y electricidad a los mercados del sur de California, situando sus peligrosas y contaminantes instalaciones en un lugar sin restricciones de ninguna especie, y a costo muy bajo, e invitó a participar como socio a Eugenio Elorduy, quien sin recato utiliza el nombre de su hija Érika Elorduy Blackaller –única apoderada legal de la empresa Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, SA de RL de CV que puede otorgar y revocar los poderes legales a los diversos operadores mercantiles– para tener el control absoluto de la empresa en comento.
Así, el 7 de agosto de 2003 le entregaron el título de permiso número G/140/ALM/2003 para almacenamiento de gas natural a Energía Costa Azul SA de RL de CV, propiedad de Sempra Energy. El 30 de enero de ese año el pleno de la Comisión Federal de Competencia resolvió autorizar la concentración entre Sempra Energy México y Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, cuya socia principal es la hija del ex gobernador de Baja California, según consta en la partida 5152907 inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Mexicali, Baja California.
Consolidada la fusión, el gobierno bajacaliforniano no escatimó esfuerzos para impulsar la instalación de la planta de almacenamiento de gas natural de Sempra Energy con tal de afianzar el proyecto familiar y trasnacional.
De esta manera, respaldados en una supuesta operación de compra-venta, realizada entre una señora de nombre Elodia Gómez Castañón y Sempra Energy, los cuerpos policiacos de Baja California desalojaron a su propietario, Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, quien fue acusado de despojo de su propio terreno. La transacción se realizó el 31 de enero de 2006, supuestamente por conducto de Gómez Castañón, quien había fallecido el 10 de octubre de 2004. Es decir, la supuesta vendedora del terreno que se requiere como zona de amortiguamiento para la planta en cuestión murió casi un año y medio antes de que se realizara dicha operación.
¿Cómo es posible que la ambición de un gobernante trastoque la institucionalidad del Estado y mediante influencias o presión política doble voluntades de jueces, notarios, Ministerio Público para consumar una tropelía de esta naturaleza? ¿O acaso Sempra ya encontró la fórmula que permita revivir difuntos? Por si fuera poco, Sempra Energy contrata desde Estados Unidos servicios policiacos para espiar e investigar tanto a ciudadanos como a instituciones mexicanas, particularmente al dueño del terreno al que pretendieron despojar mediante una escritura patito, en clara violación al inciso II del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que a la letra dice: “… que los actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano constituyen una amenaza para la seguridad nacional”. Cheques, contratos, informes de espionaje, hoy se distribuyen por Internet como barajitas o tarjetas de Navidad.
El numeral ocho del punto de acuerdo del diputado Narro Céspedes señala: “por tratarse de un asunto de carácter internacional que involucra la operación de la multicitada empresa en ambos casos al lado de la frontera, se haga llegar la presente denuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las comisiones de Relaciones Exteriores, tanto del Senado de la República como de esta Cámara de Diputados, para que se produzca una nota a sus homólogos del gobierno y del Congreso de Estados Unidos de América, en la que se denuncia a la Empresa Sempra Energy que presuntamente cometió violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act FCPA) para que las autoridades de dicho país investiguen lo conducente desde el ámbito de su propia Soberanía”.
En relación con este señalamiento, en una firme e ingeniosa réplica a una grosera contestación de Sempra, Narro responde: “En este mar de hechos insólitos sólo falta que Sempra nos salga con que también es una empresa que hace prodigios, que mucho me temo, requieren ‘un milagro’, ‘una limpia con hojas de pirul’ o contratar, ya que andan de obsequiosos, a una ‘clarividente’, pariente de La Paca Zetina o un ‘chamám’ que les practique un conjuro salvador que con urgencia los saque del atolladero, que los tiene cerca de la mano de la justicia tanto en México como en Estados Unidos”.
