Opinión
Ver día anteriorViernes 23 de octubre de 2009Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Un defensor del pueblo, ¡urge!
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eñores senadores y senadoras: Hoy que por primera vez un partido de izquierda los coordina, quizá estén interesados en rescatar la institucionalidad del Estado mexicano y evitar la erosión de nuestra democracia, la cual no sólo comprende una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo (artículo tercero constitucional).

Es una realidad que se ha hecho todo lo contrario en las décadas recientes. El último golpe del Estado a la clase trabajadora lo está dando con la reforma fiscal y con la liquidación de miles de empleados de Luz y Fuerza del Centro, argumentando pérdidas y una operación ineficiente. Los gobernantes culpan a los trabajadores en vez de asumir su responsabilidad como gerentes de esa empresa pública. Es como si se cerrara la SEP porque la evaluación de la OCDE colocó a los estudiantes mexicanos en los últimos niveles de conocimiento, y se hubiese pedido al SNTE la liquidación de todos los maestros, antes de sentarse a dialogar para mejorar la calidad educativa. En esta ocasión se ofrecieron altas posiciones ejecutivas a los líderes sindicales: la Subsecretaría de Educación Básica, entre otras. El Presidente y el secretario de Gobernación tendrían que informar a la ciudadanía a qué obedece el trato tan distinto que se da a LFC y a la SEP. En ambos casos la situación es grave, y pareciera que mejorar la calidad de los servicios públicos y las condiciones de los trabajadores no fueran asunto de Estado.

Hoy estamos frente a una coyuntura que puede ser clave y que está en sus manos: la renovación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Es una de las últimas oportunidades para restaurar el Senado como poder independiente. Porque, en teoría, la CNDH es un organismo constitucional autónomo que se encarga de velar y dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos, defendiendo los mismos de modo similar a las defenso-rías del pueblo u ombudsman, que significa representar los intereses de los ciudadanos ante abusos que puedan cometer los funcionarios de un Estado.

En febrero pasado, la CNDH presentó ante la ONU una valoración incompleta de la situación de los derechos humanos en el país. Según afirmó Kerrie Howard, directora adjunta del programa para América de Amnistía Internacional, el problema es que no se da información sobre los progresos para impedir que sigan cometiéndose violaciones de derechos humanos y para poner fin a la impunidad.

El candidato que ha demostrado congruencia como ombudsman y que ha probado que una Comisión de Derechos Humanos puede ser un lugar para impulsar la democracia es el maestro Emilio Álvarez Icaza, quien en su comparecencia denunció la deficiencia del aparato de justicia al informar que nueve de cada 10 víctimas de violaciones a derechos humanos vive en condiciones de pobreza.

Como titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) asumió un papel pro activo e hizo uso de otras atribuciones, más allá de emitir recomendaciones: medidas cautelares, acompañar y exigir protección a las víctimas de abuso sin tener que dinamitar las instituciones. Ampliar el acceso a la información y a la educación en derechos humanos, monitorear los procesos, seguir a los servidores que no cumplan y buscar que sean sancionados. Lo más importante es que demostró autonomía respecto de los intereses partidistas y del Poder Ejecutivo. En el caso News Divine la CDHDF hizo lo que la ciudadanía pidió: describir lo ocurrido, ante lo cual el jefe de Gobierno aplicó sanciones inmediatas a los funcionarios responsables, un acto efectivo contra la impunidad. Además, Emilio logró que el consejo de la comisión construyera consensos con base en la calidad ética y el expertis profesional de todos. Ante la reforma que despenalizó la interrupción del embarazo (ILE), y a sabiendas que un tema controversial divide a la sociedad, la comisión se pronunció en favor del Estado laico y de su constitucionalidad, en el mismo sentido que lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Algunos de ustedes que representan al PAN y al PVEM cuestionaron al maestro Álvarez Icaza como queriendo debilitar su candidatura ante la fuerza de la jerarquía eclesiástica o empujarlo a declarar contra el 24 constitucional: El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Pero él, junto con la CDHDF, respondió a las necesidades y respetó las creencias de la ciudadanía, de todas las mujeres que deciden recurrir a la ILE y de quienes, estando en desacuerdo, en ninguna circunstancia pueden ser obligadas a hacerlo.

Por todo lo expuesto, apoyarlo como titular de la CNDH es demostrar que el Senado busca convertirla en un órgano autónomo y que le interesa proteger los derechos y las necesidades del pueblo mexicano.