Juzgará los graves conflictos surgidos por el deterioro de la libertad sindical en México
Frente de abogados presentará a diputados controversia contra el decreto de extinción de LFC
Viernes 23 de octubre de 2009, p. 8
El Tribunal Internacional de Libertad Sindical revisará los casos de los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME); Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y de Trabajadores de la Vidriera del Potosí, así como el de la Unión Nacional de Técnicos Petroleros, que han sido víctimas, entre muchas otras organizaciones, de graves violaciones laborales.
Los agravios serán analizados por un jurado de calidad moral
, integrado por el sacerdote Miguel Concha, la senadora Rosario Ibarra, el escritor y defensor de derechos humanos James Cockroft y la abogada laborista española Marta Olomo.
El tribunal empezará las sesiones el 26 de octubre. Esa instancia fue creada por iniciativa de más de 30 organizaciones nacionales e internacionales con el propósito de poner en marcha una instancia civil de peso
para juzgar los graves conflictos que han surgido por el deterioro de la libertad sindical en México.
Estará integrado por personalidades de alto perfil y compromiso social. Entre los integrantes del jurado están también el periodista Miguel Ángel Granados Chapa; Luiz Guilermo Pérez, dirigente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Kjeld Jakobsen, presidente del Instituto Observatorio Social, señaló Héctor de la Cueva, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas).
El SME planteó que la exposición de su caso es fundamental para mostrar a la sociedad mexicana e internacional los atropellos de que ha sido víctima este gremio, violaciones que han sido ocultadas por la mayoría de los medios de comunicación masiva.
Por otra parte, en apoyo a la lucha de este sindicato, el Frente Amplio de Abogados en Defensa del SME anunció que presentará ante Cámara de Diputados una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la legalidad del decreto presidencial que dejó sin empleo a más de 42 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
El frente, integrado por unos 500 abogados, también prepara una denuncia penal contra el presidente Felipe Calderón, por considerar que traicionó a la patria al no cumplir con el mandato de respetar la Constitución.