Villahermosa, Tab., 22 de octubre. En el sistema judicial –federal y del fuero común– predomina la corrupción, y el que tenga dinero es el que va a obtener favores de la justicia, señala el Estudio de opinión sobre la satisfacción de usuarios del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el cual revela que las personas de menores recursos consideran que en la mayoría de los casos reciben fallos desfavorables, además de que muchas veces se abandonan los juicios por falta de medios económicos.

En tanto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Mariano Azuela Güitrón reconoció este jueves que los sueldos que reciben altos funcionarios públicos, incluyendo los ministros, son considerados por personas con muchas necesidades como remuneraciones excesivamente altas.

Entrevistado en el contexto de la cuarta asamblea general ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), Azuela comentó que a partir de la reforma constitucional que estableció que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República, se llevan a cabo ajustes a las remuneraciones de los ministros que obedecen a este sentido de justicia, de una sociedad en donde hay personas con muchas necesidades, y que por lo mismo, consideran que las percepciones de los ministros son excesivas e injustas.

De acuerdo con el manual de percepciones del Poder Judicial de la Federación, para 2009, los ministros obtienen una remuneración mensual bruta de 347 mil 467 pesos. Y Azuela, quien deja el cargo junto con Genaro Góngora Pimentel el próximo 30 de noviembre, recibirá de pensión la misma cantidad que sus compañeros en activo por dos años y después 80 por ciento de esa cifra.

El Estudio de opinión, basado en entrevistas de profundidad realizadas a escala nacional, que fue dado a conocer en el contexto de los trabajos de la reunión de la AMIJ, en la que participan ministros de la SCJN, presidentes de los tribunales de justicia de las entidades del país, académicos e investigadores, indica que la mayoría de las personas de bajos recursos prefiere asumir los costos que acudir a los tribunales en busca de justicia.

Entre las conclusiones a que arribó la encuesta, destaca la necesidad de que las autoridades federales y estatales destinen mayores recursos a la impartición de justicia, que se disminuyan los tiempos en los que los jueces emiten sus sentencias, baje el costo de los procesos, aumente la información que proporcionan los tribunales a los ciudadanos y que los jueces sean capaces de comunicarle a la sociedad sobre la labor que desempeñan.

Añade que, quien ya tuvo una experiencia con la justicia, duda mucho en acudir a un tribunal: la razón principal, los altos costos y que el sistema de justicia en general es corrupto al grado que la gente cree que si demanda puede incluso ir a la cárcel.

Por otra parte, el estudio señala que 68.5 por ciento considera que los jueces se apegaron a derecho; 73.9 por ciento, que el juez argumentó adecuadamente, independientemente de si ganaron o perdieron; 64.5 por ciento, aunque obtuvo sentencia condenatoria, piensa que el juez se apegó a derecho; 67.7 por ciento, con sentencia en contra, consideró que el juez argumentó adecuadamente.

A la pregunta de qué es para ellos lo más importante en un juicio, 22.4 por ciento dijo que la rapidez, y 18.9 por ciento que la imparcialidad o respetar las leyes; el resto de las opciones recibieron porcentajes menores.

Los trabajos de la asamblea concluyen este viernes.