Mexicali, BC, 23 de octubre. Integrantes de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad se manifestaron en el Congreso local para exigir que se esclarezcan los 180 casos de desaparición forzada de personas ocurridas desde 1997 en Tijuana, Baja California, documentados con fotografías, datos y testimonios.

Cristina Palacios y Fernando Ocegueda, dirigentes de esta organización, y un centenar de familiares de desaparecidos, criticaron la inacción del gobierno estatal en la investigación y esclarecimiento de estos casos, en los cuales, aseguraron, han participado agentes policiacos de los tres órdenes de gobierno.

Ocegueda, cuyo hijo Fernando fue desaparecido en febrero de 2007, señaló que la fiscalía especial creada por la Procuraduría General de Justicia del Estado para atender estos casos es un elefante blanco que no ha dado resultados y “por eso estamos acá para exigir respuestas.

“Queremos que se nos informe qué ha pasado en la investigación de desaparecidos en Tijuana, una ciudad donde hay más secuestros y levantones, pero no existen avances, además de que la procuraduría (estatal) se deslinda al decir que todos los casos son del crimen organizado, por lo que las investigaciones forman parte de la federación. Así se quitan la bronca y nosotros no vemos claro”, afirmó.

Cristina Palacios, madre de Alejandro Hodoyán, desaparecido en marzo de 1997 luego de ser detenido y más tarde liberado por policías federales, dijo que exigimos que se investiguen y esclarezcan los casos documentados y no permitan que continúe la impunidad, comentó.

Rechazó los argumentos de que los desaparecidos tenían vínculos con el crimen organizado y su exigencia es que se investigue y si así es, pues para eso están las leyes para que los juzguen, pero lo que queremos es que los encuentren.

Criticó que la fiscalía atiende a las familias cuando acuden a presentar denuncias, pero se quedan en el cajón y el fiscal nos dice que no hay presupuesto para investigadores.

En Tijuana hay demasiada inseguridad y falta coordinación entre corporaciones policiacas, mientras no haya una comunicación real entre las diferentes corporaciones no van a llegar a ningún lado, además que debe haber un departamento de inteligencia para obtener resultados, dijo Cristina Palacios.

Fernando Ocegueda hijo fue privado de su libertad tras asistir a un fiesta donde tuvo un altercado con un grupo de música perrona (narcocorridos) que quisieron sobrepasarse con su novia. Su padre emprendió la lucha por encontrarlo y a tres años de distancia advirtió que las autoridades estatales no hacen ninguna investigación de campo, a pesar de haber una matazón de policías y hasta de agentes federales desaparecidos porque hay fuga de información en la PGJE.

Miguel Ángel García Leyva, dirigente de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada de Personas y la Impunidad, sostuvo que han documentado en todo el estado 386 casos de personas desaparecidas durante una década, de las cuales se ha investigado y esclarecido 24. Hay avances de la fiscalía, poco, pero al final avances, pero estamos al pendiente de las investigaciones realizadas por la procuraduría, comentó.