l intervenir ayer en un encuentro sobre política alimentaria, el subsecretario de Fomento a Agronegocios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Jeffrey Max Jones, afirmó que en la presente circunstancia los agricultores del país deben seguir el ejemplo del narcotráfico, un sector que ha aprendido a identificar un mercado y crear la logística para surtir y crear la plataforma y que, sin subsidio, ha conseguido dominar el mercado, si bien, desafortunadamente, está abocado a un cultivo que es nocivo para la salud.

Aunque estas palabras denotan una torpeza política monumental, que pudiera resultar desastrosa para la carrera política del declarante, constituyen también un ejemplo claro de la forma de pensar del grupo gobernante, así como de sus ambigüedades morales en lo que ha sido presentado a la opinión pública como una guerra contra el narcotráfico y que constituye, a juicio de diversos analistas, un ejercicio de legitimación mediática, una exhibición de músculo a los opositores a la administración calderonista o bien el ensayo de una política represiva policial y militar, no dirigida contra la delincuencia organizada, sino contra eventuales brotes de descontento social difícilmente contenibles por otras vías.

En la visión de muchos funcionarios, los narcotraficantes son empresarios y hombres de negocios exitosos y hasta visionarios, aunque desafortunadamente hayan optado por desenvolverse en un ramo que se encuentra fuera de la ley. La objeción principal de Jones no es que conformen poderes fácticos, que destruyan y corrompan el tejido institucional y social del país, que asesinen, secuestren y siembren el terror, sino que se dediquen a cultivos nocivos para la salud. El funcionario citado reproduce, así, el argumento moralista por medio del cual la autoridad federal establece un nexo causal por demás distorsionado entre el problema de salud pública de las adicciones y el tráfico de drogas, y elude los factores centrales de peligrosidad del segundo de esos fenómenos: que el efecto más nocivo del trasiego de sustancias ilícitas no es que envenene a la juventud, como pregonan de manera demagógica numerosos funcionarios, sino que distorsiona todo el funcionamiento de la economía, se infiltra en la vida política, desplaza y destruye a las instituciones y sienta sus reales como autoridad real e instancia de mediación, arbitraje y financiamiento en extensas regiones del territorio nacional.

En suma, la objeción principal contra el narcotráfico es su capacidad depredadora, rasgo que comparte con los grandes consorcios dedicados a actividades no penadas por la ley, y a los cuales los sucesivos gobiernos neoliberales han ido entregando filones enteros de la economía del país. La vocación de éxito que los funcionarios del momento admiran en unos y otros, esa condición de winners exaltada por la ideología mercantilista dominante, se cifra en la capacidad de abrirse paso a costa de lo que sea, e incluso sobre la destrucción de entornos sociales, humanos y naturales. Los asesinatos provocados por el narco son ilegales, pero es legal que los conglomerados empresariales dejen a millones de personas sin vivienda, sin empleo, sin seguridad social y sin atención médica, en lo que constituye una suerte de asesinato económico aceptado e incluso aplaudido, en aras de la productividad y la eficiencia, por los gobernantes de las últimas dos décadas.

La virtud proyectiva de lo dicho ayer por el subsecretario Jeffrey Max Jones reside, en suma, en poner de manifiesto un sistema de valores para el cual el narcotráfico y el narcotraficante son el modelo ideal de negocio y de empresario, salvo por el detalle de que, por principio y de manera explícita, violan la ley. Ese es, precisamente, el sistema de valores que ha ocupado las máximas posiciones de poder político del país durante más de 20 años, y cuyas consecuencias catastróficas están a la vista.