El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentó ayer en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro un amparo colectivo en contra del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y si éste es concedido por el Poder Judicial, deberán suspenderse las acciones de liquidación de la empresa por parte del gobierno federal, y a la vez se garantizarán los derechos de los trabajadores.

El comité central de este sindicato, encabezado por Martín Esparza y los secretarios del interior, Humberto Montes de Oca, y del exterior, Fernando Amezcua, acompañados por los abogados Raúl Carrancá y Néstor de Buen, entre otros, presentaron el amparo al mediodía de ayer. También asistieron cientos de trabajadores que con pancartas y consignas realizaron un mitin en la escalinata del recinto.

Se informó incluso que este mismo jueves las autoridades judiciales podrían determinar si admiten el recurso presentado por los trabajadores del SME y si se les concede la suspensión provisional del acto reclamado, es decir, del decreto emitido por el presidente Felipe Calderón.

La demanda presentada plantea que el decreto presidencial con el que se busca extinguir Luz y Fuerza del Centro violentó al menos seis artículos de la Constitución y otras ocho normas secundarias.

En el documento, en poder de La Jornada, los quejosos solicitaron a un juez federal una demanda de garantías en contra de los actos reclamados en virtud de que las disposiciones en que se funda el decreto presidencial resultan ser notoriamente violatorias de garantías individuales y sociales consagradas en nuestra Carta Magna, en sus artículos 1º, 14, 16, 17, 123, 133, y demás artículos que se mencionan, por las razones que se exponen en el capítulo de conceptos de violación de la presente demanda de amparo.

Demandan también la suspensión del acto reclamado, a fin de que a los trabajadores afectados con el decreto presidencial no se les cancelen sus prestaciones sociales, como los servicios médicos, hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías en su totalidad, en virtud de que el decreto y su ejecución resultan ser violatorios, notoriamente, de diversas garantías individuales y sociales consagradas en nuestra Carta Magna en sus artículos 1º, párrafo primero y tercero; 5º, párrafos primero; 9º, párrafo primero, 14, 16, 17, 25, 26, 27, párrafo sexto, 72, inciso f), 73, fracciones X y XI; 123 y 133.

En la demanda elaborada por los abogados Néstor de Buen, Raúl Carrancá y Rivas y Manuel Fuentes Muñiz –quienes contaron con la asesoría de unos 500 litigantes agrupados en diversas barras, colegios y asociaciones de juristas– se expone: El decreto aquí impugnado, al haber sido emitido por un poder del Estado, como lo es el Ejecutivo federal, carente de facultades en los términos en que lo realizó, es evidente que se encuentra afectado de inconstitucionalidad.

El documento señala también que, como la materia de trabajo subsiste, por tanto existe un patrón sustituto y éste es la Comisión Federal de Electricidad, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, de ninguna forma se pueden afectar las relaciones laborales que tenían con Luz y Fuerza del Centro; por tanto, debió el jefe del Ejecutivo federal, en pleno respeto de nuestros derechos, instruir en el decreto reclamado que pasábamos a formar parte de la plantilla de trabajadores de la CFE.

Además de la interposición de este amparo, el próximo 30 de octubre el SME presentará una demanda por despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual también se exigirá el pago de dos semanas de salario que les quedó a deber la compañía a los 44 mil trabajadores, así como la entrega del seguro sindical.