La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la resolución sobre los 31 amparos presentados por indígenas tzotziles acusados de participar en la matanza de Acteal. Fuentes judiciales confirmaron que el proyecto de sentencia prevé la libertad absoluta de 9 quejosos, 16 recibirán amparo para efectos y seguramente quedarán libres más adelante, a excepción de dos de ellos que aceptaron haber participado en el asesinato de 45 indígenas, que son Roberto Méndez Gutiérrez y Marciano Luna Ruiz.

Los otros 6 amparos serán sobreseídos (es decir, desechados), debido a que los quejosos ya habían presentado recursos en contra de la sentencia condenatoria en los casos que resolvieron los ministros en agosto pasado.

Ministros consultados precisaron que el aplazamiento se debió a la ausencia de José de Jesús Gudiño Pelayo, y no porque el gobierno de Chiapas haya anunciado que entregaría a la SCJN nuevas pruebas de la culpabilidad de los acusados, como se dijo en medios locales, ya que para crear jurisprudencia se requiere del voto de cuatro de los cinco integrantes de la sala.

Como se espera que Sergio Valls vote en contra del criterio mayoritario, era indispensable que estuvieran los cuatro ministros que están a favor de la concesión de los amparos (José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y Gudiño Pelayo).

El proyecto elaborado bajo la ponencia de Cossío Díaz estaba listado para la sesión; sin embargo, de última hora los ministros decidieron aplazarlo para la siguiente semana.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, al igual que los asuntos resueltos en agosto pasado –cuando fueron puestos en libertad absoluta 20 indígenas que ya habían sido condenados–, el proyecto de dictamen ordena que los que reciban amparo para efectos continuarán bajo proceso, pero serán enjuiciados sólo con base en las pruebas y testimonios que la SCJN consideró válidos.

Es decir, que todos los testimonios y pruebas fabricados por la Procuraduría General de la República para actuar en contra de los acusados al ser invalidados por la Suprema Corte, no pueden ser utilizados en el juicio, por lo que el juez de la causa resolverá seguramente en su momento dejar en libertad a la gran mayoría, salvo los confesos de participar en la matanza.