contrapelo de las numerosas apelaciones al sentido común, en contra de los señalamientos de diversos expertos económicos y en colisión con los intereses nacionales más evidentes, la coalición de facto que ejerce el gobierno aprobó ayer en el Senado de la República una miscelánea fiscal que incrementa en distintas proporciones los impuestos sobre la renta (ISR), al valor agregado (IVA) y a depósitos en efectivo, entre otros.
Con esas medidas se consumó un golpe a la economía popular y a las finanzas nacionales: por un lado, se trasladó a los sectores mayoritarios, que son los desfavorecidos de siempre y los más afectados por la crisis del momento, el costo de un aparato gubernamental ineficiente y frívolo; por el otro, se dejaron a salvo los privilegios de una cúpula empresarial que, como lo reconoció esta misma semana el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, no paga impuestos o bien los paga en proporciones mínimas y en condiciones de absoluto privilegio; asimismo, se eludió la aplicación de medidas de austeridad reales y honestas, manteniendo niveles de gasto que son injustificables en cualquier circunstancia, pero que en una coyuntura de crisis económica como la presente, constituyen un agravio y una burla al conjunto de la sociedad.
A la manifiesta inmoralidad de las alzas impositivas aprobadas ayer por el Senado, y cuya inspiración proviene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe agregarse la improcedencia y el contrasentido de aumentar gravámenes en una situación recesiva como la que vive México, que es el país del continente que más ha resentido la crisis mundial y en el que ésta adquiere una duración más prolongada y destructiva en términos sociales.
En efecto, como lo han señalado diversos economistas destacados, los incrementos impositivos lastran al conjunto de la economía, contribuyen a prolongar y profundizar las secuelas de la recesión e inciden en la postergación de la deseada reactivación. No es casual que la mayor parte de los países industrializados hayan optado, ante las actuales dificultades, por incrementar los déficit fiscales y por lanzar, desde el sector público, estrategias de apoyo al empleo, la inversión y el consumo, es decir, exactamente lo contrario que lo hecho por el grupo gobernante de nuestro país.
La votación senatorial satisface, en suma, los desmedidos y depredadores apetitos presupuestales de gobernantes estatales y de la Federación, así como la impunidad fiscal de que disfruta, desde hace mucho tiempo, un puñado de grandes empresas, pero atenta contra la estabilidad política y la gobernabilidad, toda vez que introduce factores de irritación social insoslayables en un contexto en el que confluyen, además, el desgaste institucional, la erosión del estado de derecho y el déficit de legitimidad que viene arrastrando, de origen, la actual administración. En esa circunstancia, el paquetazo impositivo aprobado ayer en el Senado de la República por la mayoría gobernante equivale a una monumental provocación.
