Tegucigalpa, 30 de octubre. Representantes del presidente constitucional Manuel Zelaya y del régimen de facto de Roberto Micheletti firmaron hoy un documento que pone fin a la crisis política hondureña, y más tarde entregaron el acuerdo alcanzado al Congreso Nacional, el cual determinará si el mandatario es restituido o no en el poder después de su expulsión por los militares el 28 de junio.

El calendario previsto para el cumplimiento del Acuerdo Tegucigalpa-San José-Diálogo de Guymuras (el nombre del país antes de la llegada de los españoles), como se le denominó, prevé que para el 5 de noviembre se haya constituido el gobierno de unidad y reconciliación nacional, según el texto, que entró en vigor este mismo viernes tras su firma por las partes.

Me complace anunciar que hace unos minutos autoricé a mi equipo negociador firmar un acuerdo que marque el inicio del final de la situación política del país, señaló Micheletti. Sin embargo, también expresó su temor de que la restitución de Zelaya desate una campaña de persecución en su contra y de los miembros del gabinete golpista.

Por su parte, el presidente Zelaya se declaró optimista moderado por el acuerdo pactado. Es un primer paso para concretar mi restitución, que tendrá que sufrir varios momentos. Pero mientras no se haya establecido su restitución, dijo, va a seguir refugiado en la embajada de Brasil.

Dijo confiar en que el régimen de facto cumpla con los términos del acuerdo, que se alcanzó tras la presión estadunidense, y advirtió que Honduras ha pagado una alta cuota de sufrimiento y fractura.

Zelaya apuntó que el próximo presidente que salga de las urnas en noviembre debe entender que el retorno de la violencia y las armas no debe ser aceptado para resolver problemas políticos, y que la democracia necesita de una permanente renovación.

Por último, agradeció a la comunidad internacional, en particular a Estados Unidos, a la Organización de Estados Americanos (OEA), a Latinoamérica y Europa, que presionaron para restablecer la democracia” en Honduras.

El acuerdo también prevé el traspaso de poder el 27 de enero de 2010 al presidente que resulte electo en los comicios del 29 de noviembre, y para el primer semestre del próximo año quedará también instalada la Comisión de la Verdad, que tendrá que investigar los acontecimientos que ocurrieron antes, durante y después del golpe de Estado contra Zelaya.

El delegado de la OEA, Víctor Rico, dijo que no hay un plazo para el pronunciamiento del Congreso. Pero confió en que los legisladores tendrán plena comprensión de la importancia y de la urgencia política” del acuerdo.

Además, anunció que en los próximos días se conformará la comisión de verificación que va a coordinar la OEA, en la que participarán dos extranjeros y dos hondureños, que constituye uno de los puntos del acuerdo en relación con el cumplimiento de los compromisos pactados por ambas partes.

Ya está el acuerdo totalmente firmado, indicó el representante de la delegación de Zelaya, Rodil Rivera, al llegar a las puertas del Congreso para entregar el documento a los congresistas, seguido por cientos de seguidores del mandatario que celebraban.

Si bien el Congreso se encuentra en receso, el texto fue recibido por una secretaria de guardia y se informó que se tendrá que convocar a una sesión extraordinaria para abordar el tema, que sigue siendo controvertido porque además los congresistas antes de decidir deberán conocer la opinión de Corte Suprema de Justicia que, en su momento, avaló el golpe.

La negociadora de Micheletti, Vilma Morales, señaló que todavía falta fijar fecha para que los 128 diputados de la Cámara den su fallo definitivo que ponga fin a la crisis de cuatro meses, donde hasta el momento sólo 25 favorecen el regreso de Zelaya al poder.

Gente de Zelaya –como su asesor Carlos Eduardo Reyna– que lo acompañan en la legación de Brasil han empezado a decir que si el Congreso no favorece su restitución significará que no se llegó a acuerdo exitoso y que la comunidad internacional no reconocerá las elecciones del 29 de noviembre.

Otros puntos del acuerdo piden el fin de las sanciones a Honduras de la comunidad internacional, la renuncia de Zelaya a convocar a una Constituyente o reformar la Carta Magna, el rechazo a la amnistía política y la transferencia de la autoridad de los militares al tribunal electoral.