n el último tramo de la administración calderonista la clase política mexicana no ha cesado de mandar señales del nuevo rumbo por donde piensa llevar al país, situación que es previsible que se mantenga en los próximos tres años, a menos de que encuentre una oposición lo suficiente fuerte para detenerla. Los signos de los nuevos tiempos son diversos y como se presentan por separado cuesta un poco reconocerlos, sobre todo si no se está familiarizado con los usos y costumbres de la política mexicana y sus operadores, pero no tanto como para lograrlo con un poco de esfuerzo. Las notas que distinguen este periodo del anterior no provienen sólo del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo y el Judicial: no son señales únicamente del gobierno, sino de todo el Estado; además, obviamente, del apoyo de los poderes fácticos, los que realmente manejan al país, entre los cuales se distinguen los principales medios de comunicación electrónica y las asociaciones de hombres de negocios, en sus diversas manifestaciones.
Una de esas señales es la mayor apertura que de los asuntos estratégicos del país se está haciendo para que sean controlados por el capital trasnacional. El año pasado la opinión pública fue testigo del debate suscitado entre especialistas sobre el caso de Pemex, la empresa paradigmática del desarrollo nacionalista, para permitir la exploración y conducción del petróleo mexicano por empresas de capital extranjero. Los argumentos vertidos por quienes se oponían a esa medida hicieron que el gobierno reculara y la pretensión se acotara, aunque no se dio marcha atrás en ella. Otras aperturas, en cambio, han pasado desapercibidas, entre ellas el otorgamiento de concesiones mineras, en su mayoría canadienses, o las de agua, codiciadas por empresas extranjeras. Las más recientes son el decreto por el cual se desaparece la compañía Luz y Fuerza del Centro y la autorización para la siembra de semillas genéticamente modificadas, con lo cual las empresas podrán ingresar libremente a la generación de energía y controlar la alimentación de los mexicanos, en el segundo.
Estas medidas cuentan con el apoyo del poder del Estado, incluida la fuerza para el caso de que los afectados se opongan a ellas, o los tribunales, desde el más bajo hasta el más alto, por si se necesita una interpretación a modo de la ley. Para el primer caso están la Policía Federal y el Ejército. Esto quedó claro desde la represión contra los mineros de Pasta de Conchos, en Coahuila; se repitió contra los habitantes de San Salvador Atenco, en el estado de México, y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, todavía en la administración anterior; pero se ha repetido en contra de los maestros en el estado de Morelos y más recientemente contra los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para el segundo están de muestra la exculpación que se hizo de los responsables de la matanza de Acteal, algunos de ellos confesos, y más actualmente la resolución sobre la violación de garantías constitucionales en la represión ejercida contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
La liberación de los condenados por la matanza de Acteal, más allá de hacer valer la garantía del debido proceso, permitió que el Ejecutivo federal saldara los compromisos que tenía con ellos de ponerlos en libertad; de no haber sido así pudo haberse respetado tal garantía sin liberarlos, ordenando reponer el proceso, por ejemplo. Pero no, la Procuraduría General de la República, encargada de integrar las acusaciones, hizo como si nada pasara. El caso de la represión en Oaxaca es más complejo: el ministro de la Corte encargado de la investigación propuso que se condenara al gobernador por culpa atenuada, por no contar con una policía profesional, pero los ministros finalmente decidieron condenarlo por omisión, es decir, por no haber hecho lo que debía hacer. ¿Qué es lo que debió hacer el gobernador? ¿Usar correctamente la fuerza pública para detener las protestas? ¿Y las decenas de muertes? ¿Y los desaparecidos? ¿Y los presos? ¿Y los perseguidos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Dónde están? Eso no importa para la clase política. Lo importante para ellos es que la resolución sirvió al Poder Ejecutivo federal para presionar al PRI, prometiendo no iniciar juicio político al gobernador, inclusive pensar la alianza con el PRD en las próximas elecciones, a cambio de aprobar el aumento de impuestos a los consumidores.
Si se juntan todas estas partes con otras que mandan las mismas señales, se puede armar el Frankenstein en que se está convirtiendo al país. Pero como en el caso del moderno Prometeo, la salida no es atemorizarse con el monstruo, sino descubrir la monstruosidad de la obra y reaccionar frente a ella. La respuesta de quienes no están de acuerdo con el rumbo por donde se quiere conducir al país debería de transcender las luchas particulares y buscar la forma de unirse con otros que como ellos resisten y buscan otros horizontes. El apoyo mostrado a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas es importante, pero no suficiente; recuerda mucho aquellas marchas de apoyo al zapatismo en sus primeros años que al paso del tiempo se fueron diluyendo. Las respuestas emocionales son buenas, pero son mejores las que están pensadas. Se necesita construir otro tipo de organización y objetivos. Eso si se quiere construir otro país. Se necesita enviar otros tipos de señales desde el otro lado.
