Sociedad y Justicia
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Algunos proyectos sufrirán recortes de 80% de su presupuesto, dicen

Desaparecerá vacunación contra el VPH por recortes a salud pública: activistas
 
Periódico La Jornada
Jueves 5 de noviembre de 2009, p. 38

Los programas prioritarios que desarrolla el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) sufrirán un recorte de 80 por ciento en el presupuesto 2010, al pasar de 675 millones de pesos que tuvieron en 2009 a 132 millones el próximo año.

Entre otras, serán afectadas seriamente las estrategias de detección de los tumores cérvico uterino y mamario, la prevención de la violencia intrafamiliar y el programa creado recientemente para la atención a adolescentes. Este último aparece en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010 sin ningún recurso asignado.

Un análisis de la Coalición por la Salud de las Mujeres detalla que la propuesta del Ejecutivo condena a desaparecer la vacunación contra el virus de papiloma humano (VPH) en los 180 municipios más pobres del país, donde la Secretaría de Salud (Ssa) trabaja desde 2008.

Con esta actividad, la dependencia busca prevenir el desarrollo del VPH entre las mujeres de esas localidades, para quienes se dificulta el acceso a los servicios médicos y de detección de enfermedades. La importancia del programa radica en que el VPH ocasiona la casi totalidad de casos de cáncer cérvico uterino (Cacu) en el país, principalmente en las zonas de mayor marginación.

La vacuna contra el VPH se ha aplicado a niñas de nueve años de edad y en 2010 debería inmunizarse a 31 mil 165 pequeñas más. Para ello se requieren de 25 millones de pesos. Sin embargo, el PEF apenas prevé la asignación de 9 millones 190 mil pesos para todas las actividades del programa de Cacu.

En realidad, plantea el análisis de las organizaciones que integran la Coalición por la Salud de las Mujeres, la asignación para esta estrategia debería ser de 157 millones 515 mil pesos. Con este monto también se daría continuidad a las actividades de detección temprana del VPH.

Para la realización de 480 mil pruebas de laboratorio, el CNEGSR debería contar con 90 millones de pesos, así como 26 millones más para apoyar a los laboratorios de procesamiento de las pruebas, entre otras acciones.

Otro de los planes afectados con el recorte es el de cáncer de mama, que este año dispuso de 75 millones 512 mil pesos. En el PEF 2010 se proponen sólo 8 millones 940 mil. Haría falta, dice el estudio de las organizaciones, 148 millones 170 mil pesos con los que se podría adquirir el equipo de detección del mal para unidades móviles de mastografía en los estados.

También podría iniciar en fase piloto la estrategia de atención clínica en Unidades de Especialidades Médicas (Unemes) de cuatro estados de la República. Lo anterior, dada la creciente prevalencia y mortalidad del cáncer mamario. Este padecimiento es la principal causa de muerte por tumores malignos entre la población femenina.

En cuanto a la prevención y atención de la violencia familiar y de género, el PEF sólo plantea una asignación de 47 millones de pesos; pero sólo para la operación de refugios de víctimas de violencia se necesitan 75 millones de pesos. También son indispensables 36 millones para el fortalecimiento de las actividades de prevención y atención de ese problema en los servicios estatales de salud.

Desde 2008, las agrupaciones sociales lograron que la Cámara de Diputados autorizara la creación de un anexo especial del presupuesto, el cual se destina a la salud de las mujeres y es ejercido por el CNEGSR. Si bien cada año las activistas han logrado ampliaciones en las asignaciones, en esta ocasión se ve más difícil por los recortes.

De cualquier forma, llamaron la atención sobre el hecho de que los recursos que se autoricen como parte del anexo 12 del PEF 2010 son los que claramente se destinan a mejorar la salud de la población femenina. Se supone que dentro del Seguro Popular, las entidades federativas deben destinar recursos a la prevención y atención de enfermedades; sin embargo, en los hechos todo se reduce a la voluntad política de las autoridades, indicaron las activistas.