n Lamborghini Murciélago amarillo se hace notar en cualquier parte del mundo, incluso en San Pedro Garza García, donde pululan las marcas más extravagantes y caras del mercado automovilístico. Su tripulante, Héctor El Negro Saldaña, circulaba en él por la zona emblemática de ese municipio, la colonia del Valle, con la tranquilidad que lo hacía don Fanucci –el padrino al que asesina Vito Corleone para sustituirlo– por el barrio donde se dedicaba a cobrar cuotas de protección. Y su paseo en nada alteraba su vida ni, aparentemente, la de la comunidad.

Ningún grupo de la Policía Federal Ministerial con todas las facultades de que ésta fue dotada para combatir más eficazmente al crimen organizado, empezando con la generación de Inteligencia preventiva; ningún grupo de cualquier otra policía (la de inteligencia, la estatal, la Metropol, según la última reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado) y tampoco las procuradurías federal y estatal, según lo publicado, sabían de la existencia de Saldaña. Hasta que Mauricio Fernández, el nuevo alcalde de San Pedro, dio a conocer el hecho en el discurso que pronunció al asumir el cargo: minutos antes (ahorita, dijo) le informaron que había sido encontrado muerto El Negro Saldaña en el Distrito Federal

Si eso ocurre en San Pedro, donde se tiene medido el tiempo (alrededor de dos minutos) en que la policía se apersone en el lugar donde se tiene noticia de actos delictuosos, ya se puede imaginar la presencia desmesurada del crimen organizado en otros municipios menos provistos o de plano desprovistos de Nuevo León. La voz popular, que raras veces se equivoca, le ha puesto un mote en extremo descriptivo: Narco León. Basta con preguntar a cualquier habitante de los municipios por donde cruzan las carreteras que van hacia el norte y se verá hasta dónde llega el control de los narcotraficantes. En algunos de ellos ya son Estado. Un Estado que dicta normas que van desde aquellas relacionadas con el funcionamiento cotidiano del mercado hasta la imposición del toque de queda.

El estado de excepción no es sólo potestad de los narcotraficantes, sino de los ricos en la versión de Mauricio Fernández: a) Se tomará atribuciones que no tiene, pues siente que el modelo mexicano está fracasado; b) Entrará a grupos de inteligencia y de limpieza, desgraciadamente sobre procedimientos diferentes, para erradicar al crimen organizado por las buenas o por las malas del municipio donde él manda; c) Costearía el trabajo de los grupos de limpieza (se entiende que clandestinos) mediante aportaciones de los empresarios privados.

Los pronunciamientos de Mauricio le han dado la vuelta al país y a medio mundo. Sin duda estremecieron a su propio equipo de trabajo, a su partido y al resto de los partidos, al gobierno de Nuevo León que encabeza Rodrigo Medina (le tomó casi cien horas desmentir al alcalde de San Pedro respecto de que él también tenía la información sobre el asesinato de El Negro Saldaña, dos de sus hermanos y otro individuo) y al hombre que cobra como Presidente de la República: hasta la redacción de estas líneas ha sido sólo el secretario de Gobernación quien se ha atrevido a reconvenir a Mauricio por declarar que combatirá la delincuencia de los malos con la delincuencia de los buenos.

A Mauricio se lo ha acusado de todo. De lo que no se lo puede acusar es de hurtar la piel para dar veracidad a sus palabras. De ahí el aplauso de sus pares y muchos de quienes no lo son. Si hubo un dictador que gozara de popularidad, según lo ha visto Friedrich Katz, ese fue Porfirio Díaz, debido al valor personal que mostró en el combate contra el ejército invasor. Cuatro días después de la toma de posesión del alcalde de San Pedro fue asesinado el general Juan Arturo Esparza, director de Seguridad Pública de García, un municipio donde Fernández tiene visibles intereses, tanto de carácter inmobiliario como de orden cultural. Pudo no haber tenido nada que ver con sus acciones, pero no se puede descartar como hipótesis –sobre todo porque la detención de los sujetos a los que se tiene por presuntos responsables huele a precocido.

Nuevo León, con todo lo que luce de avances, carece de una ciudadanía organizada en torno a causas justas y democráticas, que son las únicas generadoras de desarrollo político y fuerza social. Los obreros están sometidos a sus patrones y la clase media atiende con preferencia a todo lo que ofrece contornos patronales: el rollo de la cultura emprendedora y de liderazgo. Mauricio Fernández Garza (de la dinastía Garza Sada) es una síntesis de esa cultura dominante en el área metropolitana de Monterrey y una vasta región. Una muestra: el procurador de Justicia de Nuevo León calificó de fabuloso el discurso del alcalde de San Pedro, y el propio gobernador Medina ha alentado iniciativas semejantes a la del alcalde de ese enclave subtexano con la pálida acotación de que sean dentro de la ley.

Vayamos a los escenarios posibles donde perdió la vida el mafioso Héctor Saldaña y lo que ocurrirá en San Pedro mediante la operación limpieza. El mafioso y sus secuaces no pudieron haber sido asesinados sino por un grupo paramilitar o por alguno de los grupos de narcotraficantes. En ambos casos, si el Ministerio Público no estuviese reducido a un Misterio Público, como ya se le llama, tendría que investigar la posible alianza de Mauricio Fernández con alguno de ellos o con ambos.

En cuanto a la operación limpieza en San Pedro. Mauricio Fernández podrá lograr que cesen las extorsiones, los secuestros y la venta abierta de drogas. En concreto, evitará la violencia así sea por un breve lapso. Pero no podrá echar de allí a los Beltrán Leyva y conexos ni los convertirá en empresarios legales. Copiará el esquema de negociación de Estados Unidos con el narcotráfico. Pero al cabo de poco serviría. El área metropolitana de Monterrey es muy grande y su red de servicios e infraestructura no opera con criterios metropolitanos.

Si Mauricio Fernández tiene éxito y se reproduce la horma de sus grupos de inteligencia y limpieza en otras partes del país, pronto tendremos un azote más: el terrorismo de Estado bajo el patrocinio de los grupos privados actuando, so pretexto de alcanzar objetivos públicos, en contra de todo aquello que perciban contrario a sus intereses. Si fracasa, la primera víctima será el propio municipio de San Pedro que hoy aplaude las decisiones de su alcalde.