Sólo se sabe que su alias de trabajo es Rubí, tiene 22 años, es bajita, morena y de cara redonda. Fue levantada cerca de las 2:30 de la madrugada del miércoles 4 de noviembre por cuatro hombres armados que se identificaron como policías judiciales del Distrito Federal, en el punto donde se instala para buscar clientela como trabajadora sexual, en el Callejón de San Pablo esquina Las Cruces, en La Merced.

Desde entonces, sus compañeras han recorrido todas las agencias del Ministerio Público del área de La Merced, la han buscado en hospitales y asilos y no la localizan. El viernes acudieron a la Dirección de Atención a Víctimas del Delito, donde la directora del organismo, Elsa Jiménez, les prometió un plan inmediato de búsqueda y una red de protección institucional, principalmente para las dos jóvenes que presenciaron el secuestro y que externaron su temor a que los desconocidos regresen a hacerles daño.

La funcionaria, que dijo reconocer la situación de riesgo extremo en que se desarrolla el comercio sexual callejero, aseguró que se abrirían dos averiguaciones previas paralelas: una para iniciar de inmediato el rastreo y búsqueda de la víctima y otra para la investigación de los presuntos funcionarios públicos.

Las denunciantes fueron canalizadas al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), donde se abrió la averiguación DGAVD/Cape/T3/00906/ 09/11. El nombre de las agraviadas –que pertenecen a una organización que se denomina Grupo Merced– fue mantenido en reserva por petición propia.

Dos jóvenes trabajadoras sexuales atestiguaron el momento en que Rubí fue abordada por un hombre desconocido, quien la acusó de haber robado a uno de sus compañeros. Mientras otros tres hombres permanecían en un auto Stratus color arena placas 209 UNY. Cuando ellas intentaron impedir que la subieran por la fuerza al vehículo, otro de los hombres se interpuso, les enseñó un arma que ellas identifican como una metralleta y una placa en el cinturón, debajo de la chamarra.

Elsa Jiménez, de la Dirección de Atención a Víctimas del Delito, les ofreció la protección de la red de abogados que laboran en ese órgano descentralizado de la procuraduría capitalina y les dio dos teléfonos donde –aseguró– ella personalmente las atendería a cualquier hora, durante las 24 horas.

Más tarde, durante el proceso de levantar el acta en CAPEA, las dos testigos que habían denunciado que el mismo auto y los mismos hombres habían merodeado por el callejón de San Pablo las noches anteriores y les habían tomado fotografías, se percataron de la presencia de dos hombres en el interior de la dependencia, a quienes identificaron como dos de los que se llevaron a Rubí. Ambos ingresaron al privado donde se realizó la diligencia y estuvieron presentes durante la declaración ministerial de la compañera que firmó la denuncia.

El trámite se prolongó hasta las nueve de la noche. Desde entonces, ni Elsa Jiménez ni sus asesores han contestado las llamadas de las trabajadoras del Grupo Merced. Este domingo suman ya cinco días de que desapareció Rubí.