l paro nacional que se realizará mañana será clave para el rumbo que tome el movimiento social y político en defensa tanto del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como de la Constitución, que ha sido afectada en uno de sus pilares fundamentales, como es el artículo 123.

La contundencia del paro, y la que seguramente tendrá la marcha de ese mismo día, expresarán un Ya basta al gobierno federal, al tiempo que implicarán un serio llamado a los otros dos poderes para que asuman en sus respectivos ámbitos de competencia las acciones necesarias para restablecer el orden constitucional vulnerado por el despido masivo de 44 mil trabajadores a partir de un viciado decreto presidencial de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

El SME ha orientado su defensa jurídica por conducto del juicio de amparo contra el decreto presidencial referido y 35 mil demandas por despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). En el plano estrictamente político han desplegado un amplio abanico de relaciones solidarias con fuerzas sociales y sindicales que en justa reciprocidad a la trayectoria de este emblemático sindicato han hecho suyas las demandas de sus trabajadores.

En el caso de los partidos han sido el de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia los que se han pronunciado en defensa del SME, mientras el PRI se mueve en su pragmática y aparente indefinición jugando al análisis jurídico y sigue sin pronunciarse en torno a la promoción de una controversia constitucional de la Cámara de Diputados. En tanto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), de mayoría perredista, ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el decreto de extinción de LFC. Sin embargo, y por suerte, el SME no depende solamente de la postura de los partidos políticos.

Con su estrategia en ambos terrenos, jurídico y político, han logrado avances significativos. Prueba de ello es la suspensión provisional primero y ahora definitiva que la juez federal Guillermina Coutiño Mata le otorgó para que la JFCA se abstenga de resolver sobre la terminación de la relación colectiva de trabajo entre LFC y el SME. Habrá que esperar su resolución de fondo en torno a la inconstitucionalidad del decreto impugnado.

Por lo pronto, esa decisión ha puesto un freno a la JFCA para que realice la audiencia donde declararía concluida la relación laboral, así como para que detenga la aprobación de los convenios de liquidación, hasta que se resuelva la demanda de amparo de fondo. Con ello el Ejecutivo federal ve afectada su principal estrategia para debilitar al SME y promover la división entre los trabajadores que acepten liquidarse, y los que prefieren o están en condiciones de resistir. Lo increíble fue el discurso del secretario del Trabajo en torno a su preocupación porque la suspensión definitiva afectará a los trabajadores por liquidarse; no le nació tal sentimiento cuando hizo parte del plan para despedirlos.

Por el lado de las fuerzas sociales movilizadas en torno al paro nacional se encuentran las principales universidades y sus sindicatos, así como el de telefonistas, cuyo líder se ha mostrado particularmente activo en defensa del SME, como también el Movimiento en Defensa de la Economía Popular, encabezado por López Obrador.

Hay plena conciencia de que no se puede dejar pasar un golpe de tal magnitud, pues el orquestado contra el SME anticipa el plan integral para desarticular el sentido de las conquistas sociales plasmadas en la Constitución de 1917, lo que queda de ellas, y avanzar en las llamadas reformas estructurales. De manera que el desafío para impedir su ejecución es mayúsculo.

Por otra parte, con todo y los promisorios avances y el significado del paro nacional y la marcha del 11 de noviembre, el SME tiene varias zonas de riesgo: una, e inminente, es el rumbo que tome la modalidad de hacerse presentes en las instalaciones de la empresa LFC, resguardadas por la Policía Federal, terreno peligroso tanto por el natural desbordamiento de la indignación de los trabajadores como por la infiltración de provocadores. Aunada a ella está la relativa al tiempo que se prolongue el conflicto, ya que es de esperarse que el Ejecutivo impugne la decisión de la juez Coutiño en torno a la suspensión definitiva, lo cual implicará un retraso en la solución de fondo, la cual también es previsible que será impugnada por la parte que no resulte favorecida. Lo mismo se puede señalar en el caso de que la SCJN acepte la controversia de la ALDF. Por ello es tan importante la fuerza política que sea capaz de obligar al Ejecutivo federal a dar marcha atrás en el golpe al SME, si recuerda la responsabilidad de gobernar.