En los últimos 10 años prácticamente se estancó el programa de planificación familiar. El uso de métodos anticonceptivos creció sólo 2.4 por ciento, pero entre los adolescentes la demanda insatisfecha es de 36 por ciento y de 22 en mujeres indígenas.

Para 2010 la situación empeorará porque en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se propone asignar sólo 6 millones de pesos, lo cual equivale a una disminución de más de 90 por ciento. En el año que está por terminar se ejercieron casi 94 millones.

Organizaciones civiles resaltaron que para avanzar en la cobertura nacional de planificación familiar se requieren, por lo menos, 158 millones de pesos, la mayor parte para la adquisición de anticonceptivos.

En un análisis sobre la estrategia nacional que desarrolla el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, las agrupaciones que integran la Coalición por la Salud de las Mujeres observaron que 17 por ciento de los embarazos en las instituciones de seguridad social y 25 por ciento en el sector salud son de adolescentes. Ambos porcentajes se han mantenido sin cambios desde los años 90.

Además, la demanda insatisfecha de anticonceptivos entre las parejas integradas por jóvenes no ha sido constante. Mientras en 1987 era de 34 por ciento, en 1997 bajó a 27 por ciento y para 2006 se ubicó en 36. En este último año el indicador se ubicó en el nivel más alto con respecto a otros grupos poblacionales, como las comunidades rurales, indígenas o con nula o baja escolaridad.

El problema se agrava porque el PEF 2010 no prevé la asignación de dinero para acciones específicas de salud sexual y reproductiva de adolescentes. En 2009 dispuso de 30 millones de pesos y se requerirían unos 36 millones para actividades de información y educación, adquisición de equipos de cómputo, video y otros materiales para los servicios de salud en los estados, entre otras.

Las organizaciones presuponen que la intención del gobierno federal es que del dinero destinado a planificación familiar también alcance para las necesidades de los jóvenes.

Sobre la cobertura de anticonceptivos para las parejas de todos los grupos etáreos, el análisis plantea que con una asignación presupuestal de 158 millones de pesos, el Centro de Equidad de Género estaría en condiciones de comprar contraceptivos modernos como la nueva generación de condones femeninos, realizar actividades de consejería a parejas, impresión de folletos y promoción de la salud reproductiva.

Información oficial reciente detalla que 71 por ciento de parejas en el país tienen acceso a métodos para evitar embarazos, aunque en localidades indígenas el indicador está en 52.4 por ciento.

Las mayores carencias se reportan en entidades donde históricamente ocurren más casos de mortalidad materna: Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca.

El documento asegura que hay desabasto de anticonceptivos en el país, con lo que las acciones que se impulsen desde el Centro de Equidad de Género, dependiente de la Secretaría de Salud, se garantizaría la suficiencia de estos métodos en clínicas y hospitales.