Amnistía Internacional (AI) demandó a las autoridades federales y de Guerrero la liberación inmediata y sin condiciones de Raúl Hernández, activista de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), detenido en abril de 2008 acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García, presunto informante del Ejército.

En su llamado, el organismo internacional señala que no hay pruebas suficientes contra el activista, por lo que su prolongada detención obedece más a motivaciones políticas.

En diciembre de 2008, AI declaró a Hernández preso de conciencia, y a la fecha sigue recluido, aun cuando otros cuatro coacusados del crimen (también declarados presos de conciencia) obtuvieron un amparo que les dio su libertad.

Luego de un año de haber adoptado a cinco defensores de los derechos indígenas como presos de conciencia, AI hace nuevamente un llamamiento por la liberación inmediata e incondicional de Raúl Hernández, único de los cinco acusados originalmente que permanece en prisión.

Alberto Herrera, director de la oficina en México del organismo internacional, aseveró que la detención de Hernández no debió concretarse debido a que se carece de suficientes pruebas para inculparlo. El juicio contra este activista ha sido injusto y su prolongada detención parece más bien obedecer a motivaciones políticas.

AI consideró que el proceso judicial que se sigue al integrante de la OPIM es una represalia por sus actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos de su comunidad, así como por denunciar los abusos cometidos por un cacique local y las autoridades.

Agregó que al igual que otros casos, como los de Magdalena García Durán y Jacinta Francisco Marcial –quienes también fueron declaradas presas de conciencia y ya obtuvieron su libertad–, el de Hernández pone de manifiesto nuevamente la falta de acceso a la justicia por personas y comunidades indígenas en México.

AI informó que la próxima semana visitará al activista indígena en el penal de Ayutla, Guerrero, junto con organizaciones locales defensoras de los derechos humanos y los ex presos de conciencia de la OPIM García Durán y Francisco Marcial. El objetivo –señaló– es brindarle esperanza, ya que el 17 de noviembre cumplirá 19 meses de detención injusta.