En un llamado a la Cámara de Diputados, más de 30 organizaciones no gubernamentales (ONG) demandaron mayor racionalidad y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos por los gobiernos federal y estatales, así como fortalecer la evaluación y mejoramiento de los programas de alta sensibilidad social.

Los centros Fray Francisco de Vitoria, Justicia para la Paz y el Desarrollo, Mexicano para la Filantropía, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Alianza por la Democracia, Artículo 19, Fundación Prehumana, Fundar, Gestión Social y Cooperación, entre otras ONG, advirtieron que en el actual contexto de crisis económica y aumento de impuestos es mayor la obligación del gobierno federal de transparentar y facilitar el acceso a la información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos y respecto de los resultados de las políticas y programas federales.

Por ello demandaron agregar al decreto de presupuesto la obligación de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregue una agenda de mejoras de cada programa social que reciba mayor presupuesto, así como fortalecer la racionalidad del gasto público, con base en el desempeño.

En la agenda piden incluir datos de los estudios coordinados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y que los avances de cumplimiento sean informados al Poder Legislativo cada trimestre.

Para ello, estiman indispensable elevar en calidad y cantidad de la información de carácter público sobre el desempeño de los programas, para que la sociedad en su conjunto conozca en detalle la lógica detrás de las asignaciones presupuestales, con el propósito de poder realizar propuestas.

Igualmente, solicitan que la Cámara de Diputados agregue al decreto la obligación de que la SHCP diseñe un sitio web de acceso público donde se conozcan de forma sencilla los indicadores, metas y avances de todos los programas que reciben subsidios, y que los resultados de avance en los indicadores se actualicen por trimestre.

La víspera de que se apruebe el presupuesto de la Federación, la Central Campesina Independiente (CCI) sostuvo que más allá de lo que se autorice para el Programa Especial Concurrente (PEC) para el campo, los poderes Ejecutivo y Legislativo deben trabajar en la eliminación de subejercicios y del uso partidista de los recursos durante 2010.

Rafael Galindo Jaime, presidente de la organización, expuso que se requieren nuevas reglas del juego para que el PEC opere en función de incrementar el empleo y la productividad en el sector, debido a que en el medio rural habita la tercera parte de la población del país.

Lamentablemente el producto interno bruto (PIB) apenas llega a 4 por ciento por la baja productividad en el sector rural, ya que de los 36 millones de mexicanos en el campo sólo 20 por ciento tienen empleo, comentó.

Ante este panorama, indicó que independientemente de cómo se apruebe el PEC en materia productiva o asistencial, debemos trabajar en un nuevo esquema de coordinación para la aplicación de los recursos, sin olvidar la urgencia de que la Cámara de Diputados se convierta en una contraloría que vigile y obligue al gobierno federal a la aplicación total del programa.

En este proceso, continuó, las nuevas reglas del juego deben involucrar también a los gobiernos de los estados para que establezcan fecha de aplicación de los recursos que le proporciona la Federación, ya que es inadmisible ver la dramática caída del PIB agropecuario de 1970 a la fecha, que en aquel año se ubicaba en 39 por ciento y hoy apenas llega a 4 por ciento.