El juicio de extradición del líder del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMRM), Napoleón Gómez Urrutia, no ha podido avanzar debido a que el gobierno mexicano envió deliberadamente a Canadá expedientes judiciales en copia, entre ellos las órdenes de aprehensión libradas aquí, mismos que no fueron acompañados por documentación certificada, revelaron fuentes jurídicas cercanas al caso.

De acuerdo con los abogados consultados, que pidieron mantener su nombre bajo reserva, es muy probable que las autoridades mexicanas de la Procuraduría General de la República (PGR) hubieran omitido certificar las documentales con la intención de alargar el proceso de extradición, a fin de recabar más pruebas contra Gómez Urrutia, pues el gobierno canadiense exige demasiados requisitos para conceder extradiciones, sobre todo cuando se presupone una posible persecución política contra un extraditable.

El pasado sábado, entrevistado en Saint John, Canadá, el embajador de México en ese país, Francisco Barrio Terrazas, informó que el Ministerio de Justicia canadiense pidió a la PGR certificar algunas de las pruebas presentadas para solicitar la extradición del líder minero.

La solicitud se realizó en diciembre pasado y se han dado algunas respuestas; la última noticia que tenemos es una solicitud del Ministerio de Justicia de Canadá, en la que pide a la procuraduría certificar algunas de las pruebas que están ofreciendo en este caso, expresó Barrio.

De acuerdo con los abogados consultados, el gobierno mexicano sustentó su petición de extradición, fundamentalmente en las órdenes de aprehensión libradas contra Gómez Urrutia por los presuntos delitos de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, cometido en agravio de afiliados al sindicato minero, y por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El 4 de febrero pasado, la PGR informó en un comunicado que la valija diplomática mediante la cual se envió la documentación a la embajada de México en Canadá llegó el 24 de enero de este año, y el 30 de ese mismo mes el gobierno mexicano presentó oficialmente a las autoridades de ese país la solicitud formal de extradición.

Sin embargo, la información enviada, con la que México sustenta su petición de extradición, no fue debidamente certificada por las autoridades judiciales que libraron las órdenes de aprehensión durante 2008 y el presente año, contra Gómez Urrutia.

En México, los abogados del líder minero han tramitado demandas de amparo en las que acusaron a la PGR y a la cancillería mexicana de haber violado la garantía de defensa de Napoleón Gómez Urrutia, al dejar pasar casi tres años para tramitar la extradición.