Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dice a La Jornada: “A quienes sostienen que con mi elección como ombudsman nacional habrá continuismo se equivocan. Los últimos 10 años trabajé para la institución, para la sociedad, no para José Luis Soberanes. En mi gestión habrá una nueva etapa en la institución, una nueva visión, un estilo diferente”.

Plascencia Villanueva, quien a partir de este lunes es el titular de la CNDH, abunda: “La estrategia que quiero implementar en esta nueva etapa es de un ombudsman nacional más en contacto con la sociedad, que esté en el lugar en que se cometen las violaciones de derechos humanos, donde hay problemas. Mi compromiso es buscar la suma de esfuerzos, generar un trabajo conjunto. No creo en esfuerzos individuales”.

Sostiene que una vez que tome posesión del cargo, una de mis primeras acciones será convocar a las organizaciones sociales del Distrito Federal, de todos los estados y a los organismos públicos de defensa de los derechos humanos a hacer un trabajo conjunto de protección de esas garantías. Las ONG son nuestros ojos, o los ojos de la sociedad, porque están ahí donde ocurrieron las transgresiones a los derechos humanos.

Despropósito de Mauricio Fernández

Plascencia Villanueva afirma que “es un despropósito que el alcalde de San Pedro Garza, Mauricio Fernández, declare que ‘es preferible utilizar escuadrones de la muerte para ejecutar a delincuentes’. Esos son despropósitos absolutos. Todos los servidores públicos somos sujetos de responsabilidades, y aquí estamos hablando de un propósito de comisión de un delito, de encubrimiento, de inducción al delito, y no hay justificación en ninguna parte del mundo para combatir el delito con el delito”.

–Usted tiene 10 años de trabajo en la CNDH. ¿Qué aprendió?

–En una década de trabajo pude aprender a reconocer la distancia entre lo deseable y lo posible. Hay funcionarios públicos comprometidos con su función y con los derechos humanos, pero hay otros servidores que desvían el sentido de la función que tienen encomendada. Algunos lo hacen deliberamente y por indolencia, otros por desconocimiento. Falta cultura por los derechos humanos.

“En estos 10 años se avanzó en instalar el concepto de derechos humanos en la conciencia social; falta trabajar en su contenido: ¿qué son?, ¿cómo se pueden defender?, pero el ejercicio de los derechos trae implícitos deberes que todos debemos observar, como respetar la ley, las instituciones, contribuir al desarrollo del país. Por eso mi proyecto de trabajo que entregué al Senado lo denomine: ‘Los derechos humanos, un compromiso de todos’.”

–¿Qué falta y qué sobra a la CNDH?

–Sin duda requiere reformas para vigorizarla, para dotar de mayor eficacia su trabajo. En mi proyecto planteé la necesidad de acabar con esta idea de que las recomendaciones se emiten, pero no se cumplen o se rechazan, y no pasa nada. En un régimen democrático deben existir pesos y contrapesos; enviaré algunas propuestas al Congreso para que se reforme el marco jurídico y se pueda llamar a cuentas a los servidores públicos que no acepten o no cumplan con las recomendaciones.

Cuando se emite una recomendación es porque un servidor violó derechos humanos, violentó la Constitución. Resulta un contrasentido que no pase nada. Hay que dotar de mayor eficacia el trabajo de la comisión; hoy podemos presentar denuncias, pero no estamos legitimados para dar seguimiento a esas denuncias, asumiendo la representación del asunto. Nos quedamos solamente en la oficialía de partes. Hay que dar esta atribución a la CNDH.

–Se cuestionó mucho que la CNDH en éstos 10 últimos años no presentó denuncias penales y que tenía facultad de hacerlo.

–No, no es así. Sí se presentaban o se iniciaban en muchos casos; en casi todos los casos ya están las denuncias abiertas, las averiguaciones previas. El problema es que no caminan, no avanzan, se quedan ahí, durmiendo el sueño permanente de la injusticia. Es necesario que se hagan reformas para que podamos dar seguimiento a las denuncias para que no terminen en ese 98 por ciento de impunidad. Eso es lo que describe de manera más clara el tema de la impunidad y de la procuración de justicia en nuestro país.

–¿Cómo mejoraría la relación con la Procuraduría General de la República, que en éstos 10 últimos años fue mala, y con la Secretaría de la Defensa Nacional?

–Hay que intensificar la comunicación. Hay que establecer parámetros donde, sin poner en riesgo la autonomía, pueda darse un esquema de colaboración para tratar de superar algunas fallas administrativas presentes en la administración pública, y que persisten sin sustento, sin ningún respaldo legal. Dije a los senadores en mi comparecencia que soy un hombre más de construir que de destruir.

Es muy importante señalar las fallas que existen, pero también reconozcamos lo que está bien. Espero en los próximos cinco años superar algunos de los problemas que hay en materia de derechos humanos, particularmente en el tema de la justicia.

–¿Hasta cuándo los militares estarán en la calle en tareas de seguridad pública?

–Buscaré contacto con el secretario de Seguridad Pública para establecer parámetros objetivos que nos permitan tener presente que no es deseable que el Ejército esté en las calles. Hoy, por la descomposición de las policías del país, los soldados se hacen cargo de esa tarea. Hay que trabajar con ellos y dejarles muy claro que la lucha contra la delincuencia no implica la violación de los derechos humanos.

–¿Y la temporalidad de los militares en la calle?

–Habrá que acelerar el paso en la formación de la policía que este país requiere y que no implique medio siglo. No es deseable que el Ejército esté en las calles, pero hay que partir de una realidad innegable: hay muchos municipios donde la policía no está en condiciones de cumplir con su función.

–¿Su diagnóstico de los derechos humanos?

–Estamos muy lejos todavía de tener plena realidad de los derechos humanos. No debe utilizarse la crisis económica o la de seguridad como obstáculo para dejar de lado la vigencia de los derechos humanos.

–¿Qué opina de la declaración del edil de San Pedro Garza García, Nuevo León?

–Son despropósitos absolutos. Es inaceptable para un país que aspira a una democracia y que está buscando que todos cumplamos con la ley; [es necesario que] de ninguna manera pretendamos escabullirnos a ella y buscar alternativas contrarias al diseño del país que queremos. Estamos hablando aquí de comisión de delitos, de encubrimiento, de inducción a la comisión de un delito.

–¿Quién debe llamar a cuentas al edil?

–El Congreso.

–¿Qué propuesta tiene como titular de la CNDH para el Ejecutivo?

–Una propuesta de diálogo, donde podamos ir caminando en temas de importancia para la nación, como la seguridad pública, el desarrollo, la atención a grupos vulnerables. Casos como el de los feminicidios de Ciudad Juárez, que no se han frenado. Y también el caso de los desaparecidos de la guerra sucia, que no se ha cumplido. Hay ahí un reclamo de justicia que no ha sido satisfecho y ahora está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.